Morococha, un distrito enclavado en la provincia de Yauli, región Junín, enfrenta uno de los procesos de desplazamiento forzado más prolongados y conflictivos del Perú contemporáneo. Más de 40 habitantes, organizados en alrededor de 15 familias, resisten la presión ejercida por la compañía minera Chinalco y una reciente medida judicial de desalojo.
La Corporación de Aluminio de China, también conocida como Chinalco, es la empresa estatal china que actúa como matriz del holding de la industria de metales no ferrosos en China. Es la principal productora de alúmina y aluminio primario del país. La compañía es propiedad de la Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales (SASAC) del Consejo de Estado y supervisa una cartera de subsidiarias dedicadas a operaciones industriales.
Chinalco y Morococha: desalojo judicial sin alternativas para las familias
El punto de conflicto surge con el avance del proyecto cuprífero Toromocho, operado por la empresa china Chinalco. La minería a tajo abierto llevó al Estado, hace más de una década, a declarar Morococha como “zona de riesgo no mitigable”, lo que supuso el inicio de un proceso de reasentamiento.
Sin embargo, este procedimiento nunca se completó adecuadamente y dejó a decenas de familias en una situación de vulnerabilidad extrema. Aisladas entre ruinas y bajo el hostigamiento de la empresa, sobreviven sin acceso a agua potable, electricidad ni otras condiciones mínimas de salubridad.
Las denuncias de quienes permanecen en Morococha son graves. Vecinos aseguran que Chinalco destruyó viviendas, bloqueó accesos y utiliza explosivos diariamente a escasa distancia de las casas habitadas, lo que incrementa el riesgo de accidentes y afecta severamente su calidad de vida. Frente a esto, el aparato estatal no ha intervenido para garantizar la protección de la población ni la culminación de un reasentamiento justo.
Explosivos y hostigamiento: la presión diaria de Chinalco
La situación se agrava por la reciente decisión del Juzgado Mixto de La Oroya, que aprobó la medida cautelar de desalojo anticipado, una solicitud impulsada por Chinalco. Las familias sostienen que esta resolución se dicta sin que haya una sentencia firme, ni propuestas de reubicación viables, lo que resulta contrario a la Ley N.º 29869. Dicha norma dispone la necesidad de garantizar el reasentamiento adecuado y el respeto a los derechos fundamentales de las poblaciones ubicadas en zonas de riesgo no mitigable.
Por otro lado, la “nueva Morococha” —urbanzación edificada por Chinalco para alojar a las familias desplazadas— también representa un foco de conflicto. El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de 2009, elaborado por la empresa, revela que el suelo de esta localidad presenta niveles de arsénico y plomo que exceden hasta once veces los límites legales.
Esta información no fue comunicada oportunamente a las familias. Hoy, reportes de la red de salud demuestran que niñas y niños presentan ya metales pesados en la sangre. Además, el prometido traslado del campamento minero no se concretó, lo que impide el desarrollo económico del área y genera una sensación de aislamiento y abandono.
Nueva Morococha: contaminación y promesas incumplidas
Cansados de esperar respuestas y ante el inminente desalojo, el viernes 8 de agosto, representantes y familias de Morococha presentarán un recurso de oposición ante la medida judicial y ofrecerán una conferencia de prensa en La Oroya. Exigen que el Estado no avale el despojo de su territorio ni permanezca indiferente ante la violación de sus derechos humanos.
La situación de Morococha expone el conflicto entre la expansión minera y las garantías mínimas para las comunidades que habitan estos territorios. Mientras continúan las acciones legales y la resistencia social, las familias buscan mantener visibilidad sobre su situación y exigir soluciones que respeten sus derechos fundamentales. La consigna en el lugar es firme: rechazar el desalojo forzado, visibilizar las condiciones adversas del reasentamiento y exigir soluciones dignas y justas para todas las familias afectadas.
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