Fuerza Popular y APP respaldaron Ley de Amnistía para militares y policías acusados de violar derechos humanos

La Comisión Permanente aprobó el proyecto impulsado por el congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, que otorga amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú (PNP) y comités de autodefensa que tienen procesos abiertos o han sido sentenciados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000.

La amnistía se aplica en dos situaciones específicas. En primer lugar, a quienes están siendo procesados por delitos de lesa humanidad cometidos durante época de la violencia terrorista, pero que aún no cuentan con una sentencia firme. En segundo lugar, a los ya sentenciados que tengan 70 años o más.

Pese a que durante el debate, colectivos de Derechos Humanos denunciaron que la norma vulnera el derecho a la justicia y reparación de las víctimas, la propuesta fue aprobada con 16 votos a favor, 11 en contra y ninguna abstención.

Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso, Renovación Popular, Podemos Perú, Somos Perú, Avanza País y Honor y Democracia fueron las bancadas que votaron a favor.

Estos congresistas votaron a favor de la nueva ley de amnistía

Fuerza Popular (6 votos)

• Patricia Juárez
• Alejandro Aguinaga
• Martha Moyano
• Arturo Alegría
• César Revilla
• Héctor Ventura

Alianza Para el Progreso (3 votos)

• María Acuña
• Alejandro Soto
• Lady Camones

Renovación Popular

• Norma Yarrow
• Esdras Medina

Avanza País

• Roselli Amuruz
• José Williams

Honor y Democracia

• Jorge Montoya

Podemos Perú

• Digna Calle
• José Arriola

CNDDHH rechaza ley de amnistía

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) expresó su firme rechazo a la reciente ley de amnistía aprobada por el Congreso, al considerar que representa un serio obstáculo para el acceso a la justicia de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el Perú. La entidad advirtió que esta norma podría derivar en el cierre de más de 156 casos ya sentenciados y cerca de 600 procesos judiciales en curso por delitos como ejecuciones extrajudiciales, actos de tortura y desapariciones forzadas, crímenes que quedarían impunes si la ley entra en vigor.

En un pronunciamiento público, la CNDDHH señaló que esta medida favorecería tanto a miembros de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas que hayan sido condenados o estén siendo procesados por estos hechos. Asimismo, calificó la norma como un grave retroceso en materia de derechos humanos, ya que niega la posibilidad de verdad, justicia y reparación a las víctimas y a sus familias.

De acuerdo con la Coordinadora, esta ley representa una clara desobediencia a lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en julio de 2024 ordenó al Estado peruano abstenerse de aprobar o implementar leyes con características similares. En ese sentido, alertaron que la promulgación de esta norma constituye una falta grave a los compromisos internacionales del Perú y pone en riesgo tanto el sistema de justicia como la preservación de la memoria histórica.

La CNDDHH subrayó, además, que la aprobación de esta ley se da en un contexto marcado por una profunda crisis institucional y una creciente debilidad en la independencia del poder judicial, lo cual, a su juicio, consolida un escenario de impunidad para responsables de violaciones graves a los derechos fundamentales y profundiza el daño a quienes fueron víctimas de estos crímenes.