Dina Boluarte defiende Ley de Amnistía y amenaza a la Corte IDH: “No permitiremos la intervención”

Durante la ceremonia de graduación de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú, la presidenta Dina Boluarte emitió un firme respaldo a la Ley de Amnistía para militares y policías, al tiempo que rechazó la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en asuntos internos del país. Sus declaraciones marcaron un pronunciamiento político en un contexto de tensión por la reciente advertencia del tribunal internacional sobre el trámite de esta polémica ley.

“Ustedes saben bien que vivimos en un país democrático y luchamos unidos todos para conseguirlo. Desde aquel 7 de diciembre del año 2022 y el mandato de un país democrático se ejerce de acuerdo a la Constitución, a las leyes. En ese diálogo fraterno de hermanas, de hermanos. Porque toda la Policía Nacional son hijos del pueblo. Y en un país democrático hay que atender las necesidades del pueblo. No podemos caminar de espaldas a él”, inició Boluarte.

Agregó que, “el Perú es libre e independiente, con autonomía soberana y eso debe quedar bien claro. No somos colonia de nadie y no permitiremos la intervención de la Corte Interamericana, que pretende suspender un proyecto de ley que busca justicia para miembros de nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional y los Comités de Autodefensa que lucharon arriesgando su vida contra la insanía del terrorismo, contra aquellos que solo querían derramar la sangre de nuestros compatriotas. No lo vamos a permitir”, aseveró.

El pronunciamiento de Boluarte responde a la intervención de la Corte IDH, que ordenó al Estado peruano suspender de inmediato el trámite de la ley de amnistía, invocando casos emblemáticos como Barrios Altos y La Cantuta, donde el Perú fue responsabilizado por crímenes de lesa humanidad. La Corte también convocó a una audiencia pública para el 21 de agosto de 2025, a la que asistirán representantes del Estado, de las víctimas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Estado peruano vs. CIDH

El comunicado emitido por el MINJUSDH señala que las disposiciones de la Corte “contravienen el derecho internacional” y exceden las competencias del tribunal. El gobierno peruano sostiene que “la Corte no tiene la facultad de sustituir a las autoridades nacionales ni de imponer acciones sobre materias que aún no han sido resueltas en sede interna”. Además, el pronunciamiento recalca el principio de subsidiariedad del sistema interamericano de derechos humanos y afirma que “afecta no solo la soberanía del Perú, sino también debilita el propio Sistema Interamericano”.

La ley de amnistía a militares y policías exime de responsabilidad a los uniformados y comités de autodefensa denunciados, investigados o condenados por violaciones graves de derechos humanos en el contexto de la lucha contra el terrorismo.

Según voces de la sociedad civil y especialistas en derechos humanos, su aprobación implica una vulneración severa al acceso a la justicia para las víctimas y pondría en riesgo los avances conseguidos en materia de verdad, justicia y reparación.

Sin embargo, Boluarte destacó la importancia de la paz y la unidad nacional en su discurso. “Somos defensores de los derechos humanos de los ciudadanos. Y esta posición del gobierno es soberana, autónoma, libre y justa para un país que anhela paz, unidad, estabilidad, confianza y fraternidad. Nuestro objetivo es alcanzar el desarrollo integral, garantizando el futuro de los niños, de los jóvenes y adolescentes. Y ese desarrollo va de la mano de la justicia y de nuestra Policía, de nuestras Fuerzas Armadas y de nuestros comités de autodefensa, merecen justicia y por supuesto, merecen respeto”.

Ministro también rechaza solicitud de la Corte IDH

El ministro del Interior, Carlos Malaver, manifestó su rechazo a la solicitud de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que exige la inaplicación de la ley aprobada por el Congreso que otorga amnistía a policías y militares responsables de crímenes durante el conflicto armado interno de los años 1980 y 2000. “La Corte no nos puede marcar la pauta, no puede decir qué hacer o qué no hacer”, declaró durante una entrevista en Canal N. Afirmó su respaldo a la norma y añadió: “Tenemos que defender nuestra soberanía. Tenemos que solucionar nuestros propios problemas. Debemos hacer lo que debemos hacer para salvar a nuestro país”.

La presidenta de la CIDH, Nancy Hernández López, pidió al Estado peruano suspender de manera inmediata el trámite de la ley de amnistía y abstenerse de aplicarla. Además, convocó a una audiencia pública con los representantes de las víctimas del conflicto armado, que se realizará el 21 de agosto en la sede de la institución en Costa Rica. La norma, aprobada el 11 de junio, cuenta con el respaldo de partidos como Honor y Democracia y Fuerza Popular, y contempla beneficios para miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y comités de autodefensa, así como para sentenciados de edad avanzada, incluyendo casos emblemáticos como La Cantuta y Barrios Altos.

El Ministerio Público, así como familiares de víctimas y especialistas, han rechazado la ley. Delia Espinoza, fiscal de la Nación, instó al Estado peruano a acatar la orden de la Corte. “La Corte Interamericana ya fue clara: las leyes de amnistía por crímenes de lesa humanidad son inadmisibles. Si esta norma se aprueba, el Perú va a incumplir sus obligaciones internacionales”. Por su parte, Gisela Ortiz, familiar de una víctima del Grupo Colina, enfatizó: “Estamos aquí para defender nuestro derecho a la verdad y a la justicia, derechos que el Estado peruano no está garantizando”.