La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) emitió un comunicado este 1 de agosto en el que condena las recientes declaraciones de la presidenta Dina Boluarte sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según la organización, el Ejecutivo está promoviendo una “ruptura” con el sistema interamericano y “negando justicia a las víctimas del conflicto armado interno”.
“Con sus recientes declaraciones, Dina Boluarte ha cometido una grave afrenta a la memoria de las víctimas. No solo protege a los responsables de crímenes graves, sino que desconoce la deuda histórica del Estado”, señala el pronunciamiento difundido a través de redes sociales.
La coordinadora también calificó como “incoherente” que el gobierno mantenga representación ante la Corte y promueva candidaturas, mientras acusa a este tribunal de “injerencia” y propone su marginación del proceso legislativo peruano.
El centro del rechazo: la ley de amnistía para militares
Las críticas surgen a raíz del respaldo del Ejecutivo a la ley de amnistía aprobada por el Congreso, que busca eximir de responsabilidad a policías, militares y comités de autodefensa denunciados, investigados o condenados por violaciones de derechos humanos. La Corte IDH pidió la suspensión inmediata del trámite de esta norma, considerando que pone en peligro sentencias internacionales en casos emblemáticos como Barrios Altos y La Cantuta.
El gobierno, a través del Ministerio de Justicia (MINJUSDH), respondió que las disposiciones de la Corte “contravienen el derecho internacional” y que el tribunal está excediendo sus competencias. Argumentaron que la Corte no puede interferir en asuntos que aún no han sido resueltos en sede interna y apelaron al principio de soberanía del Estado.
La CNDDHH, sin embargo, recordó que el derecho a recurrir a instancias internacionales está contemplado en el artículo 205 de la Constitución del Perú y en los tratados suscritos desde 1978, cuando el país se incorporó al sistema interamericano de derechos humanos. “Estos compromisos no limitan la soberanía, la fortalecen al establecer un marco común de respeto a la dignidad humana”, enfatiza el documento.
Advertencia ante el riesgo de retrocesos en derechos humanos
La organización subrayó que la posición del gobierno amenaza con desmantelar los avances obtenidos en justicia transicional. “Se trata de un discurso oportunista que pone en riesgo décadas de avances y abre paso al autoritarismo”, alertó la CNDDHH, que agrupa a más de 70 instituciones de defensa de los derechos humanos en todo el país.
Además, recordaron que en 2022, la misma Dina Boluarte recurrió a la Corte IDH para solicitar medidas cautelares que protegieran sus derechos, lo que revela una contradicción con sus actuales declaraciones.
“El gobierno tiene una obligación legal con las víctimas y con el derecho internacional. Cualquier intento de apartarse de estos compromisos será recordado como un acto de impunidad y traición al compromiso del Perú con la justicia”, señaló la Coordinadora.
Audiencia pública será clave para el pronunciamiento de la Corte IDH
La Corte Interamericana ha convocado al Estado peruano a una audiencia pública que se llevará a cabo el 21 de agosto en su sede en Costa Rica. En esta cita se expondrán los argumentos del gobierno, de las víctimas del conflicto armado interno y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El resultado de esta sesión podría definir el futuro de la ley de amnistía y marcar un precedente sobre la relación del Perú con el sistema interamericano. Desde la sociedad civil, se espera que el tribunal mantenga su posición firme y que el Estado peruano acate sus resoluciones, tal como lo establecen los tratados vigentes.
“El retiro del Perú del sistema interamericano no solo sería un retroceso democrático, sino también una señal alarmante sobre el rumbo autoritario del actual régimen”, concluyó la CNDDHH.
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