Los agentes policiales de Florida en Estados Unidos detuvieron a Ricardo Quintana Chávez, periodista peruano, el pasado 20 de julio, durante una jornada de venta de ceviche en una playa local. Inicialmente, la intervención respondió a una presunta infracción administrativa por comercializar alimentos en la vía pública.
El monto de la fianza se fijó en 180 dólares y, según la familia, fue pagado el mismo día. No obstante, el nombre del comunicador nacional no apareció en los registros, lo que derivó en su posterior traslado por autoridades migratorias al centro de detención federal Alligator Alcatraz.
“Estaba vendiendo ceviche y lo capturan. Lo agarra la Policía y lo lleva esposado de pies y manos cuando le dicen que eso no es un delito, que es una falta administrativa. Tiene que pagar una fianza de 180$, él lo paga. Aunque no figura en los registros de pago, pero lo paga. Y ahí llega la Ley de Migraciones en Estados Unidos y lo acusa de haberse quedado en el país en el 2019 de ilegal, pero es mentira”, señaló su familiar a 24 horas de Panamericana TV.

Quintana reside en territorio estadounidense desde 2021, año en el que inició un trámite de asilo político. El motivo de la solicitud está vinculado a amenazas recibidas en Perú tras conducir entrevistas críticas al gobierno liderado en ese momento por Pedro Castillo, de acuerdo con información de su pariente.
La familia sostiene que esto vulnera derechos de solicitantes de asilo, quienes, bajo la legislación vigente, pueden permanecer en Estados Unidos hasta la resolución definitiva de su caso y no deben ser privados de libertad salvo que existan acusaciones penales.
Expertos en migración, como Percy Castillo, destacan que ni en Perú ni en Estados Unidos corresponde arrestar a un solicitante de refugio por temas administrativos. El especialista señala que en este caso se han aplicado disposiciones migratorias consideradas especialmente severas en los años recientes.

“Tanto en Estados Unidos como en el Perú, una persona que solicitante de asilo está protegida solo podría ser detenido si es que ha cometido algún tipo de ilícito penal por un tema administrativo. Lo que ocurre es que allá se está aplicando una política migratoria exageradamente dura y represora para con los migrantes”, mencionó ante el citado medio.
El entorno cercano al periodista denuncia una acción desproporcionada y la vincula a la continuidad de políticas de control migratorio establecidas durante el gobierno de Donald Trump. Subrayan que la detención y el traslado a un entorno penitenciario federal exceden el tratamiento que corresponde a una infracción no penal.
Las autoridades peruanas han seguido el proceso. De acuerdo con la información proporcionada por el programa 24 horas de Panamericana, la Cancillería informó que el consulado peruano en Estados Unidos gestionó visitas al centro Alligator Alcatraz con el objetivo de constatar el estado físico y legal del ciudadano detenido. La intervención diplomática busca asegurar respeto de sus derechos y acceso a la información sobre el avance del procedimiento.
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