La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) negó tener personal extranjero en sus filas, tras un exhaustivo control solicitado por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en el contexto de las Elecciones Generales 2026.
Según comunicó la entidad electoral, toda su plantilla está conformada por ciudadanos peruanos con Documento Nacional de Identidad (DNI).
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Esta información fue difundida en un intento por disipar dudas respecto a la transparencia del proceso electoral, en momentos en que distintos sectores cuestionan la gestión de la ONPE y han circulado versiones sobre posibles irregularidades.
Revisión interna y transparencia
La ONPE detalló que la verificación de nacionalidad de sus trabajadores obedeció a un requerimiento formal de la Junta Nacional de Justicia.
El oficio, firmado por la presidenta del organismo, María Teresa Cabrera, solicitaba información precisa sobre la cantidad de personas extranjeras contratadas, incluyendo datos completos de identificación y detalles sobre el tipo de vínculo laboral.
De acuerdo con la información oficial, la ONPE cuenta actualmente con 15.037 personas bajo la modalidad de locación de servicios, distribuidas en 126 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales a nivel nacional y en la sede central.
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Además, se han emitido 1.352 órdenes de servicio hasta el 20 de abril de 2026, en línea con las necesidades logísticas y operativas del proceso electoral. Complementando la estructura laboral, existen 143 servidores sujetos al régimen del Decreto Legislativo N° 728 y 225 servidores bajo el Decreto Legislativo N° 1057.
Según la ONPE, ninguna de estas personas posee nacionalidad extranjera, lo que refuerza su postura de transparencia y cumplimiento normativo. La comunicación oficial enfatizó que la revisión fue realizada para atender la inquietud de la JNJ, que había solicitado un plazo máximo de cinco días para la entrega de la información.
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La solicitud de la JNJ no explicita el motivo concreto del pedido, ni señala irregularidades específicas ligadas a la nacionalidad de los empleados. El requerimiento se limita a señalar la importancia de estos datos para el ejercicio de las funciones de control del organismo.
Esta situación ha generado interpretaciones encontradas en la opinión pública, pues el contexto electoral se encuentra marcado por denuncias y rumores de fraude, aunque hasta la fecha no se han presentado pruebas directas que vinculen a personal extranjero con los incidentes registrados.
Crisis institucional y renuncia de Corvetto
El pedido de la Junta Nacional de Justicia se produjo pocos días antes de la renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de la ONPE.
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Corvetto, quien había liderado la organización de las elecciones, presentó su dimisión en medio de críticas por fallas detectadas en la jornada electoral del 12 de abril, sobre todo en la distribución del material electoral en la ciudad de Lima.
Su carta de renuncia aludía a la necesidad de preservar la confianza ciudadana de cara a la segunda vuelta, reconociendo las dificultades técnicas y operativas experimentadas en el proceso.
La salida de Corvetto se aceptó pese a que la normativa establece la irrenunciabilidad del cargo durante el desarrollo de los comicios. La crisis en la ONPE ha reactivado los debates sobre la legitimidad y la eficiencia institucional, en un escenario donde la presión política y la incertidumbre predominan en la fase previa a la definición electoral.
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La JNJ, por su parte, deberá designar a un nuevo jefe para la ONPE mientras prosiguen las investigaciones sobre los eventos ocurridos en la primera vuelta.
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