La sentencia contra el exalcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos, marca un nuevo episodio en los procesos judiciales por corrupción en gobiernos locales. El fallo se centra en la compra de un helicóptero con fondos municipales, una operación que derivó en responsabilidades penales para exautoridades y funcionarios involucrados en la gestión.
El caso expone decisiones adoptadas dentro de la municipalidad durante el periodo 2007-2014 y pone bajo revisión los mecanismos de contratación pública en proyectos de seguridad ciudadana. La investigación fiscal identificó irregularidades en la adquisición del bien y en la forma en que se ejecutó el contrato con la empresa proveedora.
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Las diligencias del Ministerio Público se enfocaron en determinar responsabilidades penales en una operación que, según la acusación, perjudicó al Estado. El fallo recoge los elementos probatorios obtenidos durante la investigación y establece sanciones privativas de libertad para los implicados.
Condena por colusión en adquisición de aeronave
La Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, a través de su Sexto Despacho, consiguió una sentencia de nueve años de prisión efectiva contra Carlos Burgos, exalcalde de San Juan de Lurigancho durante el periodo 2007-2014. El delito atribuido corresponde a colusión agravada.
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La misma pena recae sobre ocho exfuncionarios de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. Entre ellos figuran César Muñoz, exsubgerente de Abastecimiento; Javier Pérez y Abdón Powosino, exsubgerentes de Seguridad Ciudadana; Gustavo Zevallos, exgerente de Administración y Finanzas; Eutemio Aucapoma, exgerente de Servicios a la Ciudad; el asesor externo Wilfredo Arenaza; y los regidores Romer Layme, José Zambrano y Teódulo García.
En el mismo proceso, el empresario Wladimir Abad, propietario de las empresas Heli Abad S. A. C., Abad Air Inc. y Heli X International Inc., recibió una condena de nueve años por colusión agravada en calidad de cómplice primario y siete años adicionales por falsificación de documentos.
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Irregularidades en la contratación y titularidad del bien
La investigación fiscal, dirigida por el fiscal provincial Keeller Cueva Ramos, establece que en 2013 la municipalidad contrató a la empresa Heli Abad S. A. C. por un monto de S/ 1 490 108.88. El objetivo consistía en adquirir un helicóptero para operaciones de seguridad ciudadana en el distrito.
Según los hallazgos, la empresa realizó la compra del helicóptero, pero obtuvo el certificado de aeronavegabilidad a su nombre como único operador. La fiscalía determinó que el certificado debía figurar a nombre de la municipalidad, debido a que los recursos utilizados provenían del presupuesto público.
El proceso de recepción del bien incluyó viajes de regidores y funcionarios a la planta de la empresa en Estados Unidos. Además, la municipalidad contrató a un especialista vinculado a una de las compañías del proveedor para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, lo que formó parte de las observaciones detectadas en la investigación.
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Las diligencias fiscales acreditaron un acuerdo entre funcionarios municipales y el contratista para adquirir un bien cuyo dominio permaneció en manos de un particular. Esta situación generó un beneficio directo para el proveedor, según la tesis fiscal aceptada por el tribunal.
La aeronave no pudo operar en el distrito. Ante esa situación, el bien terminó donado a la Aviación Policial. La investigación señaló que no existía un convenio formal entre la municipalidad y la Policía Nacional del Perú para el uso del helicóptero en tareas de seguridad dentro de la jurisdicción.
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Procesos paralelos por enriquecimiento ilícito y recuperación de activos
Carlos Burgos cumple otra condena de 16 años de prisión por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. En paralelo, las autoridades avanzan en la recuperación de bienes vinculados a su patrimonio.
En febrero de 2024, la Policía Nacional del Perú ejecutó un operativo de incautación de once inmuebles relacionados con el exalcalde. Las intervenciones se realizaron en San Juan de Lurigancho, San Borja, Huaral, Huarochirí, Chancay, Cañete y Cajamarca. El valor de estos bienes supera los 40 millones de soles y su transferencia al Estado forma parte del pago de la reparación civil.
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El operativo estuvo a cargo de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos. Entre las acciones realizadas figura la incautación de un inmueble de siete pisos en San Juan de Lurigancho y el allanamiento de la residencia de Karin Marengo Núñez, investigada por tráfico de influencias y presuntos vínculos con Burgos.
Las investigaciones identificaron un desbalance patrimonial cercano a 8,4 millones de soles durante la gestión municipal entre 2007 y 2013. El Ministerio Público señala que el exalcalde y su entorno utilizaron empresas fachada y operaciones simuladas de compra y venta de bienes para justificar ingresos.
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El proceso de incautación y recuperación de activos continúa como parte de las medidas orientadas a resarcir al Estado por los daños ocasionados.
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