PJ hizo bien al “jalarle las orejas” a Fiscalía y negar la detención de Piero Corvetto, afirma Romy Chang

Abogada penalista considera que el Ministerio Público se precipitó al requerir dicha medida contra el exjefe de la ONPE

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Abogada penalista afirma que el juez Manuel Chuyo hizo bien "en darle un jaloncito de orejas" a la Fiscalía por presentar un pedido sin sustento. Video: Canal N

La abogada penalista Romy Chang respaldó la decisión del Poder Judicial de negarle a la Fiscalía la detención preliminar del exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) Piero Corvetto por las irregularidades en la contratación de la empresa Gálaga Sac.

“El juzgado yo creo que hace bien en darle un jaloncito de orejas, porque lo que le dice es: ‘Oiga, usted pidió detención preliminar por 7 días, pero uno: no indicó por qué razón para cada uno de los funcionarios. Y dos: solamente lo sustenta en la necesidad de tomar declaraciones y hacer allanamiento. Pero para tomarle su declaración y hacer el allanamiento, usted no necesita tenerlo detenido’”, dijo Chang en entrevista con Canal N.

Efectivamente, de acuerdo a la resolución del juez Manuel Chuyo Zavaleta, el fiscal provincial Raúl Martínez solicitó la medida contra Corvetto y otros funcionarios de la ONPE sin justificar la necesidad de tenerlos detenidos ni acreditar debidamente un presunto peligro de fuga u obstaculización.

Sobre esto último, el peligro procesal, Romy Chang afirma que el exjefe de la institución electoral “ha dado señales de querer afrontar las investigaciones”.

Romy Chang afirma que Corvetto ha dado señales de colaboración con la investigación.
Romy Chang afirma que Corvetto ha dado señales de colaboración con la investigación.

“Para empezar, entregó sus pasaportes, se allanó al tema del levantamiento del secreto de las comunicaciones. Por otro lado, realmente no se ha vislumbrado ningún tema de obstaculización. Entonces, no habían elementos. Pero, además, lo más curioso es que la fiscalía tampoco lo sustenta, al parecer, en su pedido. Entonces, el juez le dice: ‘Oiga, usted no solo no lo sustenta, no individualiza y solamente lo vincula al tema del allanamiento’. Entonces, por eso no procede la detención y le dice: ‘No va’, porque además es una medida excepcional”, apuntó.

No obstante, Chang no consideró que sea un mal trabajo del Ministerio Público, sino que se trata de un pedido “precipitado” porque cuando se pide la detención preliminar “es porque ya tiene un caso algo armado, de manera tal que cuando vence el plazo de los siete días ya está en condiciones de formalizar investigación preparatoria y pedir prisión preventiva”.

PJ niega la detención de Piero Corvetto

El juez de investigación preparatoria Manuel Chuyo Zavaleta rechazó la solicitud de detención preliminar contra el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, al considerar que no existen elementos que justifiquen un peligro real de fuga ni de obstaculización en su contra. La decisión se apoya en la ausencia de indicios concretos que avalen las razones presentadas por el Ministerio Público, el cual fundamentó su pedido únicamente en el cese laboral de Corvetto, sin fundamentar otros aspectos relevantes como el arraigo familiar o profesional. La Fiscalía argumentó que sería necesario detener al exjefe electoral con la expectativa de que, tras el allanamiento de su vivienda, podrían determinarse nuevos actos de investigación.

Piero Corvetto durante el allanamiento a su domicilio.
Piero Corvetto durante el allanamiento a su domicilio.

La resolución, a la que accedió Infobae, precisa que la Fiscalía atribuye a Corvetto dos delitos preliminares: colusión agravada y omisión de funciones. La supuesta colusión se vincula a la aprobación de los “Lineamientos para la contratación de bienes y servicios para la realización de los procesos electorales a realizarse en el 2026”, aprobados mediante la resolución Jefatural 0002-2026-JN/ONPE. Esta normativa responde a la ley de presupuesto público 2026 (Ley 32513), cuya disposición complementaria permitió que los órganos electorales pudieran dejar de aplicar la Ley General de Contrataciones Públicas en la adquisición de servicios destinados a los comicios.

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