“No se trata solamente de defender un trabajo, sino de defender un derecho”. Es el contundente reclamo del presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), Máximo Franco, quien anunció la radicalización de las protestas para exigir al Ejecutivo una nueva extensión del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cuyo último plazo vence a fin de año.
El descontento se intensificó luego de que la presidenta Dina Boluarte anunciara la decisión de anular más de 50.000 Reinfos que ya superaban los cuatro años de antigüedad. La medida, lejos de calmar los ánimos, ha provocado bloqueos de carreteras y marchas en diversas regiones del país.
De acuerdo con la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), actualmente existen ocho vías bloqueadas en cuatro regiones, entre ellas La Libertad, Arequipa y Cusco, zonas donde la minería informal y de pequeña escala tiene una presencia significativa.
Los manifestantes exigen la aprobación de una nueva ley que otorgue verdaderas facilidades para avanzar en la formalización de sus actividades y evitar el cese de operaciones, lo cual —según denuncian— pondría en riesgo el sustento de miles de familias.
Franco detalló que la llegada de más delegaciones a Lima forma parte de una estrategia de presión progresiva. “Compañeros que acaban de llegar al Parque Universitario, mañana llegan más y así sucesivamente. Y de esa manera vamos a exigir a la autoridad, en este caso al Congreso, que tiene que hacer una ley. La solución pasa por una ley”, explicó.
¿Cuáles son los pedidos de los mineros?
Entre los principales reclamos figuran la prórroga del proceso de formalización, la flexibilización de requisitos y la eliminación de la caducidad automática de los registros en el Reinfo. Los gremios aseguran que la actual normativa y los trámites burocráticos obstaculizan el camino hacia la legalidad, mientras que la inestabilidad regulatoria agrava la crisis en las zonas mineras.
La Confederación y otras organizaciones del sector insisten en la necesidad de una ley específica para la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), como una salida legal que permita ordenar el sector sin excluir a quienes ya están en proceso de formalización.
No obstante, el Ejecutivo ha reiterado que no dará marcha atrás ante medidas de presión. Autoridades del Gobierno aseguran que la anulación de registros se ajusta a las disposiciones legales vigentes y que la formalización no debe convertirse en un escudo para la minería ilegal.
Desde el Congreso, un grupo de legisladores ha mostrado respaldo a los reclamos de los mineros y ha promovido sesiones extraordinarias en la Comisión de Energía y Minas para debatir iniciativas legislativas. Las movilizaciones en Lima buscaban acelerar la aprobación de la ley MAPE; sin embargo, el grupo de trabajo ya votó en contra del dictamen.
Por otra parte, el congresista Roberto Sánchez anunció que presentó un proyecto de ley para extender el Reinfo hasta el 2026, un año más.
Experto advierte sobre incremento del conflicto
Iván Arenas, analista en temas mineros, advirtió que el conflicto tiene componentes políticos y sociales complejos.
“Con el relato poderoso, que tienen más organizaciones que están pagando y están financiando. Entonces tenemos básicamente un cóctel, en el que probablemente las protestas, solamente en la parte sur, se puedan poner más complejas”, explicó.
Además, señaló que existen liderazgos con agendas políticas detrás del movimiento. “Todo lo que existe ahora, todas las manifestaciones, es básicamente por los dirigentes de Pataz y básicamente dirigidos y direccionados por Podemos Perú. Podemos Perú tiene a todos los dirigentes principales”, afirmó.
La situación en regiones como La Libertad es particularmente sensible, debido a la participación activa de mineros provenientes de Pataz, una de las zonas con mayor actividad minera informal del país.
Según especialistas, la prolongación del conflicto sin vías de diálogo podría aumentar el riesgo de enfrentamientos y violencia.
En este contexto, diversas entidades de la sociedad civil también se han pronunciado. Desde el colectivo Paz —que integra la Confiep— se exhortó a los poderes del Estado a priorizar el diálogo y encontrar soluciones para la minería artesanal.
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