Humberto Abanto asegura que defensa a Vladimir Cerrón es a través de su familia y ad honorem

Humberto Abanto, abogado defensor del exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón, brindó declaraciones públicas sobre las condiciones en las que asumió la defensa legal de quien se encuentra en calidad de prófugo desde octubre de 2023. El también integrante del equipo legal de la suspendida fiscal Patricia Benavides sostuvo que aceptó el caso sin cobrar honorarios, remarcando que su participación responde a motivos estrictamente profesionales y no económicos.

Durante una entrevista en Vértice, el periodista Jaime Chincha abordó directamente el tema de la contratación de Abanto y el origen de los recursos de Cerrón para costear su defensa. En ese marco, el letrado del prófugo líder de Perú Libre sorprendió al decir que asumió el caso con la condición de no cobrar. “En este caso hay una violación grave de sus derechos, así que sí, lo defiendo ad honorem”, expresó.

Al consultarle el periodista por el mecanismo de contacto, Abanto detalló que fue la familia de Cerrón la que solicitó sus servicios, a través de su hermano, quien se desempeña como vicepresidente del Congreso de la República. “Su hermano Waldemar me dice si yo podría hacer esto. Me presentan el caso, lo reviso y le digo: Me gusta el caso, no te preocupes por los honorarios”, explicó y reveló que, pese a ser su abogado, no mantiene comunicación directa con su defendido.

“Yo no tengo comunicación directa con él, tengo comunicación a través de sus familiares”, afirmó y argumentó que se debe a un tema de seguridad. “Si toma contacto conmigo, podría correr un riesgo”, justificó.

Como se recuerda, Humberto Abanto asumió la defensa legal del prófugo de la justicia en un proceso orientado a revertir la prisión preventiva que pesa sobre el exgobernador. Se presentó ante la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional para argumentar la apelación que busca cambiar la medida de prisión preventiva por comparecencia con restricciones a su defendido, quien enfrenta acusaciones por presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos.

Durante la audiencia, el abogado señaló que la supuesta fuga de Cerrón solo podría considerarse como tal si todos los recursos planteados por el exgobernador hubieran sido desestimados en forma definitiva. Resaltó que, en casos como Aeródromo Wanka, la Corte Suprema absolvió al político, y que el Tribunal Constitucional declaró nula la condena en el caso La Oroya. Según Abanto, estos antecedentes demuestran que existieron decisiones judiciales arbitrarias en su contra.

“Su propósito no fue sustraerse de la acción de la justicia, sino protegerse de un acto arbitrario, lo que cambia completamente el sentido del juicio preliminar hecho al hacerse la revocatoria de la comparecencia con restricciones e imponerse la prisión preventiva”, afirmó ante los magistrados.

También mencionó que el juez de primera instancia no tomó en cuenta decisiones que beneficiaron al secretario del partido del lápiz, como el archivamiento de otras investigaciones por lavado de activos. Según su postura, la prisión preventiva resulta injustificada, ya que no se cometió una infracción deliberada de las reglas de conducta, sino que Cerrón buscaba resguardo frente a decisiones cuestionadas en instancias superiores.

Abanto sostuvo que hoy existen “elementos nuevos que permiten señalar que la carga de elementos de convicción ha disminuido” y solicitó a los jueces que declaren fundada la apelación, revocando la prisión preventiva y estableciendo en su lugar una comparecencia con restricciones.

Por su parte, el fiscal superior Rafael Vela solicitó que se rechace el pedido de la defensa y se confirme la prisión preventiva. Vela advirtió que aceptar los argumentos de Abanto implicaría considerar toda decisión judicial como presuntamente ilegal y arbitraria, lo cual, a su juicio, es inviable porque pondría en riesgo la ejecución de mandatos judiciales.

“Cuando existe una prisión preventiva, los mandatos se tienen que cumplir y eso es lo que precisamente el señor Cerrón no ha hecho hasta la fecha. Un año y ocho meses se encuentra prófugo de la justicia”, enfatizó y señaló que no existe derecho a “ponerse a buen recaudo” ante un mandato judicial y que no se puede elegir la forma de cumplimiento de una orden de la justicia en función de una interpretación personal sobre su legalidad. Argumentó que permitir ese criterio dejaría sin efecto la ejecución de sentencias y abriría la puerta a la desobediencia judicial bajo argumentos subjetivos.