Martín Vizcarra no acudió presencialmente a audiencia de prisión preventiva y juez tuvo que suspenderla

El inhabilitado expresidente Martín Vizcarra no acudió de manera presencial a la audiencia judicial en la que se evalúa el pedido del Equipo Especial Lava Jato para que se le imponga 6 meses de prisión preventiva por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

Al inicio de la audiencia, Vizcarra, conectado de manera virtual, informó al juez de investigación preparatoria nacional Víctor Alcocer que se encontraba desde el lunes en la región San Martín y que su vuelo de regreso estaba programado para este jueves a las 3:30 de la tarde.

En ese punto, el fiscal provincial Germán Juárez solicitó al magistrado que se exija la presencia física del exmandatario. El abogado del exmandatario indicó que se les notificó la programación de la audiencia el día martes en horas de la noche, por lo que no era posible la presencia de Vizcarra.

Sumado a ello, la defensa del expresidente solicitó que se suspenda la audiencia a fin de que tengan tiempo para elaborar mejor sus argumentos de defensa.

El juez accedió y suspendió la audiencia de prisión preventiva hasta mañana 26 de junio a las 5 de la tarde. La defensa de Martín Vizcarra se opuso, pero fue el mismo expresidente quien intervino para asegurar que haría lo posible para estar en la sala a la hora indicada, pese a la alta demanda en la zona por la Fiesta de San Juan.

Requerimiento

La Fiscalía argumenta que existen graves y fundados elementos de convicción que vinculan a Vizcarra con los delitos imputados. Durante el juicio oral, se han presentado 200 medios de prueba, incluyendo declaraciones de testigos, colaboradores eficaces y documentación que refuerzan la acusación. Además, se solicita una pena de 15 años de prisión por los dos delitos en concurso real: seis años por el caso Lomas de Ilo y nueve años por el caso del hospital, superando el mínimo requerido de cinco años para justificar la medida.

El riesgo de fuga es otro pilar fundamental del requerimiento. La Fiscalía señala que Vizcarra carece de arraigo laboral claro, ya que no se tiene certeza de su actividad profesional tras su desvinculación de Agrotécnica Estuquiña S.A. en julio de 2024. Asimismo, se destaca su incumplimiento de restricciones previas, como su participación en un evento protocolar en Moquegua en septiembre de 2023, cuando estaba autorizado únicamente para actividades laborales.

También se menciona un hecho ocurrido en mayo de 2025, donde se vio a Vizcarra en el Terminal Terrestre de Moquegua sin escolta policial, lo que, según la Fiscalía, sugiere facilidad para desplazarse sin supervisión, especialmente en zonas cercanas a fronteras como Tacna o Puno, con salidas hacia Bolivia.

La fiscalía también resalta el comportamiento político de Vizcarra como un indicador de riesgo de fuga. A pesar de estar inhabilitado por el Congreso y el Jurado Nacional de Elecciones para participar en actividades políticas, continuó realizando proselitismo para su partido, Perú Primero, incluso tras ser excluido como afiliado en junio de 2025.

En entrevistas periodísticas, Vizcarra ha insistido en ser un perseguido político, alegando que su proceso penal y las inhabilitaciones son una venganza por haber disuelto el Congreso durante su presidencia. Sus gestiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde busca revertir las inhabilitaciones, son interpretadas por la fiscalía como un posible intento de justificar una solicitud de asilo político en países como Bolivia o Brasil.

Finalmente, la Fiscalía subraya la magnitud del daño causado por los presuntos actos de corrupción. La obra Lomas de Ilo permanece paralizada, mientras que el Hospital de Moquegua fue entregado con años de retraso, afectando el funcionamiento de la administración pública. Con el proceso en etapa de juicio oral y ante la probabilidad de una sentencia condenatoria, la fiscalía considera que la prisión preventiva por seis meses es necesaria para asegurar la presencia de Vizcarra, evitar la obstaculización del proceso y garantizar la ejecución de una eventual pena.