Pedro Castillo se presenta como “presidente de la República” en audiencia y pide ser juzgado como Alberto Fujimori

Golpista expresidente considera que no viene recibiendo un proceso apegado a ley, pero esto es falso

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Pedro Castillo se presenta como “presidente” en audiencia y pide ser juzgado como Alberto Fujimori. Video: Justicia TV

El golpista expresidente Pedro Castillo se proclamó nuevamente como “presidente de la República” pese a haber sido vacado por el Congreso y exigió un trato judicial equiparable al recibido por el exdictador Alberto Fujimori.

Durante la audiencia de cesación de su prisión preventiva,, Castillo primero cuestionó la legitimidad de los fiscales y jueces involucrados en su caso, afirmando que no han sido designados “conforme a ley”, en referencia a que no podrían intervenir en su caso por ser provisionales.

“Yo le he dicho en el mismo juicio oral que son fiscales no llamados por ley. Soy presidente de la República”, declaró Castillo, insistiendo en su autoproclamado estatus. Además, comparó su situación con la de Fujimori, señalando que en los procesos contra otros expresidentes se respetaron procedimientos con jueces supremos titulares, algo que, según él, no ocurre en su caso.

Pedro Castillo y sus similitudes
Pedro Castillo y sus similitudes con Alberto Fujimori

“Me extraña que solamente creo que en el Perú se están haciendo estas cosas. Miren los juicios que se llevó al expresidente Alberto Fujimori o a otros presidentes, ni siquiera un juez supremo titular en este juicio”, alegó.

Esta afirmación de Castillo no es correcta. Por ejemplo, en el juicio por el caso Barrios Altos y la Cantuta contra Fujimori, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema estaba integrada por un juez supremo provisional.

Cuestiona juicio

Pedro Castillo también criticó la admisión de pruebas en el juicio oral, alegando que algunas comprometen “secretos de Estado” y que los testigos supuestamente han confirmado su inocencia, incluyendo la afirmación de que nunca portó un arma.

“No hay otra prueba más que la misma presencia del señor fiscal, que es un juez que no ha llamado por ley”, subrayó, calificando el proceso como “político”. Además, desestimó las acusaciones de liderar un grupo rebelde, argumentando que no existen evidencias de tales acciones.

Dirigiéndose al juez Juan Carlos Checkley, Castillo pidió que “por única vez” se coloque “del lado de la verdad y la razón”, y expresó confianza en que el tiempo y la “historia le dará la razón”. “Estoy seguro que nos vamos a ver también en otros momentos por las múltiples acusaciones que tengo y que están en su despacho, de las que nada se me va a probar”, agregó el golpista.

Buscaría un escaño

El expresidente Pedro Castillo, destituido tras su intento de cerrar el Congreso en diciembre de 2022, será candidato al Parlamento en las elecciones generales de 2026, según confirmó el congresista Víctor Cutipa, miembro de Juntos por el Perú - Voces del Pueblo. Cutipa señaló que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido decidirá si el golpista postulará a la Cámara de Senadores o a la de Diputados.

Castillo enfrenta un pedido de
Castillo enfrenta un pedido de 34 años de prisión por su intento golpista. Foto: Poder Judicial

En declaraciones a Canal N, Cutipa destacó el “fuerte respaldo popular” hacia Castillo, asegurando que “el pueblo lo postulará” debido a la “solidaridad” que supuestamente genera en diversos sectores. Este anuncio se produce mientras Castillo enfrenta un juicio por presunta rebelión, con una posible condena de hasta 34 años de cárcel, derivada de su intento de disolver el Congreso y declarar un estado de excepción. Pese a ello, Cutipa rechazó la acusación de golpe de Estado, argumentando que no hubo un levantamiento armado ni acciones que cumplan con la definición constitucional del delito. “No es necesario esperar una sentencia para saber que no hubo golpe”, afirmó.

A pesar de estar en prisión, Castillo mantiene actividad en redes sociales, particularmente en X, aunque existen dudas si él realmente maneja esa ceunta.

En paralelo a su anunciada candidatura, en el Congreso se tramitan denuncias constitucionales en su contra con las que podría acabar inhabilitado por 10 años de la función pública por el golpe de Estado.