El Ministerio Público concluyó la primera etapa de la investigación en torno al comandante general de la Policía Nacional, Víctor Zanabria Angulo, junto a otros oficiales, acusados por presuntos delitos de abuso de autoridad, peculado doloso y colusión. El caso concentra la atención pública en Arequipa, donde la Fiscalía Anticorrupción busca esclarecer el papel que habrían tenido en el uso de un fondo entregado a la institución policial.
La indagatoria parte de un hecho registrado en noviembre de 2020, cuando la empresa Minera La Soledad SAC donó 17 mil 600 soles para financiar el servicio de acondicionamiento del patio de armas del complejo policial IX MACREPOL Arequipa. La entrega del dinero se realizó de manera directa en la oficina de Zanabria, entonces jefe policial de la región. También estuvo presente el coronel en retiro Francis Alarcón Gallegos, hoy prefecto de Arequipa, quien habría recibido el monto en efectivo, según la reconstrucción fiscal.
La investigación determinó que los trabajos de albañilería no se efectuaron con mano de obra externa contratada, como establece el motivo de la donación. Por el contrario, efectivos policiales participaron en las labores de adecuación del recinto policial, mientras el albañil identificado como Claver Colquehuanca solo recibió 4 mil 300 soles, quedando un saldo de 200 soles pendientes.
Ante las inconsistencias detectadas y la falta de rendición de cuentas sobre el manejo del dinero donado, la Fiscalía dispuso la ampliación de la investigación por presunto peculado doloso, a fin de determinar si existió apropiación irregular de los fondos y precisar a qué se destinó el monto entregado. Si bien ambas autoridades fueron citadas por el fiscal Arturo Valencia Paiva a rendir declaración sobre los hechos, no asistieron a la audiencia prevista.
Anteriormente, ante las declaraciones de los quince efectivos policiales que, en lugar de prestar servicios de patrullaje en las calles de Arequipa, fueron relevados de sus funciones para integrar el grupo que realizó los trabajos de construcción, Zanabria mencionó que las labores fueron “voluntarias” y en beneficio del bienestar del personal policial. De esta manera, descartó un presunto abuso de autoridad o manipulación de registros. No obstante, el abogado José Palacios, quien representa a los denunciantes, aseguró que existen documentos oficiales que prueban que los efectivos estaban registrados como parte del patrullaje, mientras en la realidad se encontraban realizando labores de albañilería en las instalaciones policiales.
Otro testimonio importante fue el del maestro de obra contratado, quien afirmó que, tras recibir el pago acordado de S/ 4.700, fue sorprendido con una transferencia de más de S/ 17.000, pero que Zanabria le dijo que cobrara todo el monto y que devolviera la diferencia en efectivo.
¿Qué dijo la PNP?
A través de un comunicado, la Policía Nacional del Perú rechazó las acusaciones sobre presuntas irregularidades. En su pronunciamiento, la institución sostuvo que el reportaje emitido en abril de 2025 se basa en hechos que ya han sido investigados previamente, tanto por instancias internas como externas, y que no se hallaron indicios que vinculen a Zanabria ni al personal policial de la región con infracciones administrativas o delitos en la recepción y uso de la donación.
Asimismo, destacaron que los procesos de investigación administrativa se desarrollaron conforme a los reglamentos internos, verificando la trazabilidad de la recepción y utilización de los recursos donados, así como el cumplimiento de los procedimientos establecidos para la ejecución de obras dentro de dependencias policiales. El comunicado agrega que no se detectaron irregularidades en la adjudicación o el pago por los servicios, y que los resultados de los exámenes realizados sobre el caso constan en los informes remitidos a las autoridades correspondientes.
Finalmente, remarcaron su compromiso con la transparencia, la legalidad y la defensa de la imagen institucional. Además, exhortaron a la opinión pública y a los medios de comunicación a evitar la difusión de información sin sustento documental que pueda afectar el prestigio de la institución y el desarrollo correcto de las funciones policiales.
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