Satélites detectan más de 25 mil casos de minería ilegal en zonas protegidas de Madre de Dios y Loreto

Un reciente informe de la plataforma RAMI, impulsada por la organización Conservación Amazónica (ACCA), ha destapado una alarmante realidad sobre la minería ilegal en la Amazonía peruana. Según los datos obtenidos, solo en mayo se registraron más de 25 mil casos de deforestación asociados a la actividad minera en varias regiones del país, incluidos territorios protegidos y comunidades indígenas. Las imágenes satelitales muestran cómo la minería avanza imparable, incluso en áreas donde debería estar prohibida.

Aunque el sur del Perú sigue siendo el foco principal de la minería aurífera ilegal, se han identificado nuevas zonas en Loreto, al norte del país, donde la actividad extractiva se está expandiendo. Territorios antes considerados relativamente intactos están siendo invadidos, poniendo en riesgo la biodiversidad y las comunidades locales.

La tecnología satelital ha permitido visualizar el avance minero incluso en territorios indígenas, áreas de conservación privada, zonas de amortiguamiento de reservas naturales y concesiones bloqueadas por el Estado.

Minería ilegal avanza sobre zonas protegidas y territorios indígenas

En la región de Madre de Dios, conocida por su alta concentración de minería ilegal, los satélites han detectado un crecimiento preocupante de la actividad minera en zonas que deberían estar protegidas. En la concesión minera Edith Cardozo Valencia, que se encuentra bloqueada por el Estado, se identificaron 74 casos de deforestación, con una pérdida de 0.86 hectáreas de bosque. Pese a la normativa que prohíbe cualquier actividad extractiva, la minería ilegal sigue operando en esta zona.

En la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, otra área clave para la conservación de la biodiversidad amazónica, los satélites revelaron 57 casos de deforestación, que equivalen a la pérdida de 1.1 hectáreas de selva. Esta zona, que actúa como una especie de filtro ecológico alrededor de la reserva, ha sido invadida por mineros ilegales que continúan con su actividad sin control alguno.

Por otro lado, en Loreto, en el norte del país, se detectó la presencia de una infraestructura minera flotante en el río Tigre, lo que señala que la minería está comenzando a extenderse a nuevas áreas remotas de la región. Aunque Loreto ha sido menos afectado por la minería ilegal en comparación con el sur del país, el hallazgo de esta estructura minera movilizándose por el río indica una preocupante expansión de esta actividad.

La Comunidad Nativa Puerto Luz, ubicada en Madre de Dios, también ha sido afectada, registrándose 32 casos de deforestación, que suman 0.59 hectáreas de pérdida de bosque. En la Concesión para Conservación de la empresa Munay Malquikuna S.R.L., se identificaron 58 casos de deforestación, lo que revela cómo áreas protegidas se ven vulneradas por la minería ilegal.

Satélites combaten la minería ilegal en la Amazonía peruana

La plataforma RAMI es una herramienta digital clave creada para monitorear la minería aurífera en la Amazonía peruana. Desarrollada con la colaboración de Conservación Amazónica (ACCA), el Ministerio del Ambiente (Minam) y otros aliados internacionales como USAID y la NASA, RAMI utiliza tecnología de radar satelital para detectar actividades ilegales de minería, incluso en áreas remotas donde la intervención directa es complicada. Gracias a este sistema, se puede obtener información en tiempo real sobre la deforestación y las alteraciones causadas por la minería ilegal.

Una de las características más destacadas de RAMI es su capacidad para penetrar las nubes y generar datos incluso durante la temporada de lluvias, lo que la convierte en una herramienta invaluable para monitorear zonas donde las condiciones climáticas suelen dificultar las observaciones terrestres. Esta tecnología ha sido vital para rastrear la deforestación, permitiendo identificar rápidamente las áreas más afectadas por actividades ilícitas.

Además, su integración con el Programa SERVIR Amazonía ha fortalecido las capacidades del gobierno y las organizaciones civiles para prevenir y mitigar los impactos ambientales en la Amazonía, contribuyendo de manera significativa a la formalización de la minería y al control de las concesiones mineras.