
En marzo de 2025, la plataforma RAMI (Monitoreo de Minería Satelital con Imágenes de Radar), reportó la detección de 20 nuevas infraestructuras mineras en los ríos Nanay y Mazán, ubicados en la región de Loreto. De estas, 14 fueron registradas en el río Nanay, donde la minería activa sobre balsas ha proliferado, mientras que en el río Mazán se identificaron seis nuevas infraestructuras. La actividad minera, especialmente la realizada sobre el agua, genera un grave impacto sobre los ecosistemas fluviales y la calidad del agua que abastece a las poblaciones cercanas.
El informe, elaborado por Conservación Amazónica (ACCA), también destacó la creciente amenaza de la minería ilegal en varias zonas de la Amazonía peruana, que continúa contribuyendo a la deforestación. En marzo de 2025, se registraron 27.957 alertas por pérdida de bosques vinculada a la minería, con especial énfasis en zonas cercanas a áreas protegidas y comunidades indígenas.
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Ríos en peligro

En el caso específico de los ríos Nanay y Mazán, las dragas y balsas mineras representan una invasión de espacios que anteriormente no registraban una actividad tan intensa. En febrero de 2025, el río Nanay ya había registrado 35 balsas, mientras que en diciembre de 2024 la cifra había ascendido a 41. Esta expansión refleja el creciente interés de los mineros por acceder a nuevas áreas de la Amazonía para la extracción de oro, afectando así los ecosistemas y las comunidades locales.
El informe también resalta que las zonas de amortiguamiento de la Reserva Comunal Amarakaeri y las comunidades nativas continúan siendo afectadas por la deforestación. En marzo, se registraron 50 alertas en la reserva, con la pérdida de 5.500 m² de bosque. Esta zona, de gran importancia ecológica, actúa como un “escudo” para las áreas protegidas, pero la infiltración de actividades ilegales pone en riesgo su integridad.
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A nivel de concesiones, también se reportó la deforestación en áreas destinadas a la reforestación, como la Concesión Juan Vara Surco y la Concesión Minera Bloqueada Carmen Quispe Sarmiento, donde se perdieron 0,68 hectáreas y 0,79 hectáreas de bosque, respectivamente.
RAMI, una iniciativa del Observatorio de Minería Ilegal, utiliza imágenes satelitales para monitorear la actividad minera y sus impactos en la Amazonía peruana. Este sistema busca alertar sobre la minería ilegal y su afectación a las zonas protegidas y comunidades indígenas, y ofrecer información a las autoridades para la implementación de medidas de control y prevención.
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Minería ilegal: una amenaza para los bosques amazónicos

La minería ilegal de oro en la Amazonía peruana representa un grave riesgo para los ecosistemas de 32 distritos y 22 ríos en las regiones de Loreto, Amazonas, San Martín, Huánuco, Ucayali y Madre de Dios, según un informe de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) de Perú, realizado a mediados de 2024.
El estudio, que se basó en investigaciones académicas, reportajes y evaluaciones técnicas, revela un alarmante aumento de la minería ilegal en los últimos tres años. Esta actividad no solo amenaza la biodiversidad local; también pone en peligro los recursos hídricos, los cuales representan más del 60% del territorio del país, fundamentales para el sustento de diversas comunidades.
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El informe destaca que el 66,66% de la minería aluvial, realizada principalmente en las orillas de los ríos, utiliza maquinaria prohibida, como dragas de diferentes tamaños, para extraer oro de los cauces fluviales. La región de Madre de Dios es identificada como la más afectada por esta práctica ilegal. Entre los ríos más impactados se encuentran el Marañón, Huallaga, Santiago, Nanay, Napo, Mazán, Curaray, Putumayo, Tapiche, Yaguas, Cenepa, Pachitea, Pozuzo, Yuyapichis, Inambari, Madre de Dios, Malinowski, Punkiri, Pariamanu, y otros afluentes de la cuenca del río Madre de Dios, que han sufrido graves consecuencias por la actividad minera no regulada.
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