Nasca y Lucanas volvieron a ser intervenidas por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) en un operativo de control contra la minería ilegal. Esta es la cuarta intervención en menos de un año en esa zona del sur del país, donde se concentran varias plantas procesadoras que operan al margen de la ley. En total, se incautaron 438,6 toneladas de productos mineros e insumos químicos, muchos sin registro ni autorización vigente.
La intervención se realizó en 15 establecimientos ubicados en las provincias de Nasca (Ica) y Lucanas (Ayacucho). En el lugar, se hallaron seis plantas procesadoras que no estaban inscritas en el RUC ni registradas en el Reinfo. Además, se encontraron explosivos almacenados sin autorización, lo que representa una infracción grave a las normas de seguridad y transporte de materiales peligrosos.
Más de 377 toneladas de minerales y 61 toneladas de químicos sin documentación
Durante la operación, la Sunat incautó 377,1 toneladas de mineral polimetálico y cobre, que estaban siendo procesadas sin autorización ni documentos de respaldo. También se inmovilizaron 61,5 toneladas de óxido de calcio, un insumo químico fiscalizado por el Estado por su uso en la recuperación de oro. El traslado, almacenamiento y utilización de este producto exige documentación específica que no fue presentada por los responsables de las plantas inspeccionadas.
Las autoridades también intervinieron 4 plantas de beneficio, 10 socavones, 10 molinos, 13 motores diésel, 8 generadores eléctricos, 8 rotomartillos, 5 motobombas y 5 tanques pulmón de aire. Además, se desactivaron 10 pozas de cianuración y 10 de sedimentación, empleadas para el procesamiento artesanal de oro, una técnica que involucra sustancias contaminantes como el cianuro.
Desde enero a la fecha, Sunat ha realizado más de 100 intervenciones a plantas procesadoras y revisado 146.000 vehículos de transporte de carga en zonas mineras del país. Entre los decomisos del 2025 se contabilizan 10.000 toneladas de mineral aurífero y no aurífero, así como 400 toneladas de insumos químicos. Los operativos se han concentrado en regiones como Trujillo, Chala, Nasca, Palpa, Pisco, Barranca, Piura y Áncash, áreas señaladas por el Ministerio de Energía y Minas como puntos críticos de actividad minera informal.
Minería ilegal en Perú movió más de US$ 2.248 millones entre 2022 y 2025
Entre los años 2022 y 2025, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó movimientos financieros sospechosos por un total de US$ 2.804 millones, de los cuales al menos US$ 2.248 millones estarían directamente relacionados con actividades de minería ilegal, según informó el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, durante una presentación ante el Congreso. Esta información se sustenta en 161 reportes de inteligencia financiera que rastrean operaciones realizadas fuera del sistema bancario, vinculadas a redes que evaden impuestos, normas ambientales y regulaciones laborales.
Este fenómeno no es nuevo. Informes anteriores de la UIF ya advertían sobre una estructura financiera paralela operando desde hace más de una década. Solo entre 2012 y 2022 se identificaron más de 3.900 transacciones irregulares, con un valor estimado de US$ 18.478 millones. Estos flujos de dinero se relacionan con el comercio ilícito de minerales, especialmente oro, pero también se sospecha que parte de estas actividades incluye otros recursos como el cobre, que actualmente registra una creciente demanda internacional.
Según el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), las cifras actuales podrían quedarse cortas. Su vicepresidente, Juan Carlos Ortiz, advirtió que no existe una manera precisa de calcular el impacto económico real, debido a que muchas de estas operaciones se realizan al margen del sistema financiero formal. Además, señaló que la minería ilegal no solo involucra el oro, sino también el procesamiento no declarado de cobre, lo cual podría incrementar considerablemente los montos reales que moviliza esta economía ilegal en el país.
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