La reciente reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación continúa siendo punto de debate en el sistema judicial peruano. A los enfrentamientos se suma una denuncia penal contra el presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Gino Ríos. La acusación se basa en el presunto delito de avocamiento ilegal de proceso en trámite, un cargo considerado grave que podría significar hasta dos años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El centro de la controversia radica en la decisión que tomó Ríos el 12 de junio, cuando, en calidad de presidente de la JNJ y actuando de manera individual, emitió la Resolución No 231-2025-JNJ. El documento dispone la reposición de Benavides en el cargo de fiscal de la Nación, pese a que ese mismo caso sigue siendo evaluado en el Poder Judicial a través de un proceso de amparo. En su denuncia, el hombre identificado como Javier Adrianzén sostiene que la decisión viola la Constitución, ya que ningún funcionario puede intervenir o tomar decisiones en procesos judiciales que se encuentren en trámite.
En el escrito al que accedió Infobae Perú se precisa que la facultad de la Junta Nacional de Justicia se limita al nombramiento de fiscales supremos, pero no contempla la reposición de la fiscal de la Nación, puesto que esta designación corresponde a una elección interna realizada por el pleno de fiscales supremos. Por ello, el denunciante insiste que se actuó sin respeto a las normas actuales y se excedieron funciones legales.
Destacó que a la fecha de la resolución emitida por la JNJ, aún existía un proceso pendiente sobre la titularidad de la fiscalía, relacionado con la demanda de amparo presentada por la propia Benavides. Dicho caso se encuentra bajo el expediente N° 6870-2024-0-1801-JR-DC-10, llevado por el Décimo Juzgado Constitucional de Lima. El litigio sigue en trámite, pues la resolución judicial más reciente, del 8 de abril de 2025, anuló una sentencia anterior y ordenó que se expida una nueva, dejando el debate abierto.
“Gino Ríos, no es iletrado, es doctor en Derecho y como máximo representante de la JNJ sabe que su institución es demandada, en proceso de amparo, ante el décimo juzgado constitucional de Lima. […] Solo que, por apuro, violó el artículo 139°, inciso 2) de la Constitución, y emitió resolución pese proceso de amparo en trámite, lo cual constituye delito de avocamiento ilegal de proceso en trámite, tipificado en el artículo 410° del Código Penal. Recurro a su despacho a fin de que abra investigación preliminar; máxime si en el Perú nadie tiene corona, bien premie, bien castigue“, se lee.
Avocamiento fue advertido
En entrevista con RPP, Francisco Távara, integrante de la JNJ, rompió su silencio y develó que advirtió al titular del organismo que el caso ya estaba judicializado. Incluso, que es por ello que se excusa de no votar.
“Yo hablé y le dije:’Presidente (refiriéndose a Gino Ríos Patio), estoy preocupado por este tema, no sabemos de qué se trata, yo no sé de qué se trata, no tengo ni copia del escrito o una resolución que conceda el uso de la palabra’. Intercambiamos palabra y me dijo que él tampoco conocía el escrito... luego le dije que me iba a excusar por escrito. […] Yo le indico que, por lo que había investigado, tenía el carácter de cosa decidida y argumenté que eso no se podía ver”, expresó.
Criticó la velocidad con la que se llegó a una resolución definitiva y señaló que una cuestión tan sensible, por su impacto en la institucionalidad del Ministerio Público, merecía un análisis más sosegado. Asimismo, aseguró que, en caso de haber participado, su voto habría sido en contra.
“Si hubiese participado y tenido que votar en este delicado tema, mi voto hubiese sido en consecuencia con la comunicación que estaba cursando y sobre todo decir: no puedo declarar la nulidad acá porque está judicializado, en primer lugar”, expresó.
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