La reciente ejecución de trece trabajadores en un socavón de Pataz, La Libertad, puso en evidencia la incontrolable violencia vinculada a la minería ilegal que existe en la región. Los cuerpos de los empleados de la empresa R&R, contratista de la minera Poderosa, fueron encontrados el domingo 4 de mayo de 2025, tras haber sido secuestrados el sábado 26 de abril.
Tras darse a conocer este tenebroso hecho, desde diversas entidades estatales se pronunciaron sobre la profunda crisis de seguridad que enfrenta la provincia, marcada por la presencia de organizaciones criminales que disputan el control de las minas de oro.
La minería ilegal en Pataz no es un fenómeno reciente. Desde la década de 1980, la región ha sido reconocida por su riqueza aurífera, lo que ha atraído tanto a mineros informales como a bandas criminales.
Sin embargo, en los últimos años, la situación empeoró debido a la expansión de organizaciones delictivas que operan con impunidad. Según la empresa Poderosa, desde 2020, estas bandas han realizado al menos 628 incursiones contra sus instalaciones, resultando en 18 empleados asesinados, 14 torres eléctricas destruidas y el robo de más de 3.5 millones de dólares en oro.
La presencia de estas organizaciones transformó a Pataz en un territorio controlado por el crimen organizado, donde la violencia y la extorsión son moneda corriente. Grupos como “Los Buitres de Pataz” han sido identificados como responsables de múltiples homicidios y actos de intimidación contra trabajadores y autoridades locales.
A ellos se suman “Los Pulpos” y “La Jauría”, que operan en la región bajo la fachada de minería artesanal, utilizando el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) para legalizar actividades ilegales.
A pesar de los esfuerzos del gobierno peruano, como la declaración de estado de emergencia en la provincia desde febrero de 2024 y la realización de operativos de seguridad, la violencia persiste. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos criticó la respuesta estatal, señalando la falta de presencia efectiva y voluntad política para enfrentar la crisis.
La minería ilegal en Pataz ha generado consecuencias devastadoras para la comunidad. Además de la pérdida de vidas humanas, ha provocado desplazamientos forzados, destrucción de infraestructura y un clima de miedo que afecta la vida cotidiana de los habitantes. La falta de empleo formal y la escasa presencia del Estado han llevado a muchos a involucrarse en actividades ilícitas, perpetuando un ciclo de pobreza y violencia.
La situación en Pataz es un claro ejemplo de cómo la minería ilegal puede desbordar las capacidades del Estado, transformando una región rica en recursos en un territorio donde la ley es ignorada y la vida humana carece de valor.
Indolencia del gobierno peruano
En una reciente entrevista, a propósito del asesinato de los 13 trabajadores, el alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, no pudo contener las lágrimas al referirse sobre la situación que atraviesa su jurisdicción debido a la minería ilegal y el crimen organizado que los atormenta desde hace años.
“Señores indolentes del gobierno central, atiendan a esta provincia. No nos sigan jodiendo la vida. ¿Cómo es posible que no tengamos hospital? ¿Cómo es posible que no tengamos nuestras carreteras ni un centímetro de carpeta asfáltica? Nosotros le aportamos todo al país, le damos todo el oro. Solo queremos que nos devuelvan en desarrollo. No sean miserables”, comentó a Latina Noticias.
“Voy a seguir levantando mi voz. Voy a hacer mi marcha de sacrificio hasta Lima, el 12 de mayo arranco, porque este pueblo no puede ser ultrajado. Si me meten a la cárcel o me asesinan, el único responsable será el Gobierno central”, afirmó Mariños.
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