La Minera Poderosa cuestionó al Congreso de la República luego de confirmarse el asesinato de 13 trabajadores de la empresa R&R, que previamente habían sido secuestrados. La compañía cuestionó las constantes ampliaciones del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que, tal como advirtieron expertos, incentiva la minería informal e ilegal.
“Reiteradas ampliaciones del Reinfo han servido de manto protector para que los mineros informales/ilegales sigan desarrollando sus actividades impunemente como parte de un proceso que ha demostrado ser un total fracaso”, manifestó la Minera Poderosa en un comunicado luego de que sean hallados los 13 cuerpos sin vida.
Para la compañía, el asesinato de los colaboradores de la empresa R&R “da cuenta del ineluctable avance de la minería ilegal”, que, a su consideración, se ha convertido en la principal economía ilegal del país.
“Frente a este espiral destructivo, resulta imperativo que el gobierno, la empresa privada y la sociedad civil aúnen esfuerzos a fin de enfrentarla y derrotarla antes de que sea demasiado tarde”, invocó.
Minera Poderosa hace llamado a Boluarte
En su pronunciamiento, la Minera Poderosa también apunta contra el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, al que vuelve a hacer un llamado para que “replantee su estrategia para enfrentar la criminalidad y lograr la captura de los delincuentes que vienen operando en Pataz”.
Para lograr ese objetivo, dice la compañía, se debe fortalecer el trabajo de inteligencia de la Policía Nacional del Perú y trabajar de la mano con el Ministerio Público y el Poder Judicial.
“Sin embargo, no será posible derrotar la delincuencia si, a pesar de nuestros reiterados pedidos, la policía sigue sin ingresar e interdictar (sic) las bocaminas ilegales, donde se guarecen y desde donde actúan las bandas criminales; y cuya ubicación está plenamente identificada y georeferenciada”, se lee en el comunicado.
Minera Poderosa también se dirige a la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas. Esta dirección, según la empresa, no ha considerado los pedidos de exclusión que presentaron para retirar a mineros informales e ilegales de las concesiones.
Las víctimas de la masacre ocurrida en Pataz fueron identificadas como:
- Jefry Stiven Padilla Hidalgo
- Juan Joel Ñaupari Salva
- Yobal Martínez García
- César Rospigliosi Arellano
- Franklin Vicente Facundo Inga
- Jhon Cristian Facundo Inga
- Frank Jesús Monzón Valeriano
- Nilver Joel Pérez Chuquipoma
- Josué Carbonel Beltrán
- Darwin Javier Coveñas Panta
- Wilmer Chávez Mijahuanca
- Deyther Domínguez Ramírez
- Mego Yumbato Huacho
Reinfo ampliado
En diciembre de 2024, el Congreso y el Gobierno acordaron extender el plazo del Reinfo por 6 meses, pese a las advertencias de que este mecanismo permitiría que mineros ilegales e informales seguirían operando. La ampliación se oficializó con la Ley 32213, que incluye una disposición que permite una ampliación adicional de 6 meses mediante decreto supremo emitido por el Ejecutivo.
El Reinfo, creado en 2012 como parte de un esfuerzo por regularizar la minería informal en Perú, ha sido objeto de intensas críticas debido a su presunta contribución al blanqueo de oro ilegal. Según una investigación publicada por Ojo Público, entre 2021 y 2023, más de 5.800 personas y empresas inscritas en este registro no cumplieron con la obligación de presentar reportes semestrales sobre su producción de oro, lo que ha puesto en duda la efectividad del sistema de fiscalización. En este contexto, el Congreso aprobó nueva prórroga del Reinfo, a pesar de que esta medida ha sido rechazada por procuradores y fiscales ambientales.
El Reinfo fue diseñado inicialmente como un mecanismo temporal para ordenar la actividad minera informal, con un plazo excepcional de 24 meses. Sin embargo, desde su implementación, ha sido extendido en al menos cuatro ocasiones por el Congreso y el Ejecutivo, lo que ha generado un sistema que, según críticos, no solo es ineficaz, sino que también permite que los inscritos en el registro queden eximidos de responsabilidad penal por el delito de minería ilegal. Esta situación ha provocado un debate nacional sobre el impacto del Reinfo en la lucha contra la minería ilegal y la protección del medio ambiente.
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