Casi una semana luego de los primeros reportes del secuestro de 13 mineros en Pataz, región La Libertad; se confirmó que todas las víctimas fueron halladas sin vida al interior de un socavón. La presidenta Dina Boluarte decidió declarar toque de queda en la provincia desde las 18:00 hasta las 6:00 horas del día siguiente.
La confirmación coincide con la difusión de un video difundido en redes sociales, presuntamente grabado por los secuestradores, muestra cómo cada uno de los mineros era ejecutado por sus captores con disparos a quemarropa. Todos fueron encontrados en el mismo lugar y, según sus familiares, los cuerpos ya estaban ahí desde hace varios días.
Los 13 hombres fueron identificados como trabajadores que fueron contratados por la empresa R&R, cuyo dueño es un minero artesanal que realiza trabajos formales y legales en la zona para la minera Poderosa, una de las principales compañías de extracción de oro en la provincia y que también fue blanco de ataques en su contra por parte de mineros ilegales que buscan el control de la zona.
El alcalde de Pataz se reunió con la presidenta y anunció también que irán a un paro indefinido este 5 de junio ante la falta de acción del gobierno, Congreso y Ministerio del Interior.
El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, criticó este miércoles la demora del Gobierno de Dina Boluarte en ordenar la instalación de una base militar en Pataz, donde recientemente ocurrió la matanza de 13 mineros.
Al menos 15 bandas criminales estarían operando en la zona de Pataz y enfrentándose al personal de seguridad contratado por la minera Poderosa, según explicó Pedro Yaranga, experto en seguridad integral. El asesinato de 13 personas en uno de los socavones ha puesto nuevamente en evidencia la ola de criminalidad que atraviesa la localidad, a pesar de que el Gobierno del Perú la ha declarado en estado de emergencia.
Una nueva línea de investigación ha puesto en la mira a dos miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP), luego de conocerse su presunta participación en la empresa de seguridad R&R, a la que pertenecían las 13 personas asesinadas en una bocamina en Pataz, en la región de La Libertad, al norte del país.
Miguel Rodríguez Díaz, alias “Cuchillo”, es el principal sospechoso de la matanza de 13 trabajadores mineros en Pataz. El lunes 5 de mayo, viajó a Colombia, donde el gobierno de ese país aclaró que ingresó sin ningún requerimiento judicial que obligara su retención ni una alerta migratoria que impidiera su entrada. Además, no existía una orden de detención en su contra.
Miguel Rodríguez Díaz, conocido como “Cuchillo”, principal sospechoso de ser el autor intelectual de la masacre en Pataz, abordó un vuelo comercial hacia Colombia el lunes. Su huida ocurrió el mismo día en que la presidenta Dina Boluarte lo acusó de ser el responsable del asesinato de 13 trabajadores mineros.
Han pasado dos días desde que la presidenta Dina Boluarte anunció que su Gobierno tomará medidas urgentes para controlar la seguridad en Pataz luego de que se hallaran los cuerpos sin vida de 13 trabajadores de la empresa R&R en un socavón el pasado domingo 4 de mayo.
El ingreso a la morgue de Trujillo se mantiene bajo estrictas medidas de seguridad. Afuera, familiares con rostros agotados por el llanto aguardan alguna respuesta. Dentro, el proceso de identificación de los cuerpos continúa sin pausa, pero no con la rapidez que muchos desearían. En medio del drama que dejó la masacre de 13 trabajadores de seguridad en la zona minera de Pataz, hay cuatro víctimas cuyos cuerpos siguen sin poder ser identificados, lo que prolonga la angustia de sus allegados.
El Gobierno colombiano confirmó este martes que Miguel Rodríguez Díaz, señalado por la presidenta Dina Boluarte como el principal sospechoso del asesinato de 13 trabajadores mineros en la provincia de Pataz (La Libertad), ingresó su territorio sin que existiera “ningún requerimiento judicial que obligara su retención o impedimento de entrada”.
El asesinato de 13 trabajadores en Pataz (La Libertad) ha evidenciado la ola criminal que atraviesa la localidad, a pesar de que se encuentran en estado de Emergencia. Luego de dos días de hallarse los cuerpos, la empresa Libmar S.A.C. condenó el ataque que sufrieron las personas que desempeñaban labores de seguridad para un grupo de mineros artesanales.
El presunto criminal detrás de la muerte de 13 trabajadores de la empresa R&R en Pataz ya no está en el Perú. Miguel Rodríguez Díaz, alias ‘Cuchillo‘, voló a Colombia de forma legal y sin intervención policial el mismo día que la presidenta Dina Boluarte lo señaló como responsable y criticó la labor de la Fiscalía por su liberación en el año 2023.