
Una serie de medias verdades se cayeron definitivamente el día de ayer, domingo 4 de mayo, con la primera declaración pública del médico cirujano Mario Cabani: la presidenta de Perú, Dina Boluarte, sí se sometió a cirugías estéticas; permaneció dos días internada en una clínica; y nunca avisó formalmente de ello ni al Congreso ni a algún miembro de su Gobierno.
El escándalo inició con una publicación del semanario local Hildebrandt en sus trece en mayo de 2024. Ahí se dio cuenta que Boluarte pasó por el quirofano el 28 de junio de 2023 y su convalecencia se extendió hasta el 10 de julio. En ese lapso se publicaron normas que llevaban la supuesta firma de la mandataria peruana. Esto último es una línea de investigación en manos de la Fiscalía de la Nación, sumado al aparente abandono del cargo.
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Desde la publicación periodística se fueron conociendo mayores detalles, pero no sería hasta diciembre del año pasado que la presidenta peruana reconocería en un mensaje a la Nación que su rostro pasó por cirugías. Aunque aseguró que fue “necesaria” para su salud y no estética. Esta afirmación fue refutada por el propio cirujano que la operó: no fue una, sino cuatro intervenciones y fue para mejorar su apariencia.
“Basta de las especulaciones. La verdad es una sola. Aparte, el juez supremo ha autorizado a que se deslacre la documentación respectiva y que se sepa realmente la verdad (...) Todas (las operaciones) fueron estéticas, a excepción de la septoplastia que la realizó un otorrinolaringólogo”, confirmó el médico Mario Cabani al dominical peruano Cuarto Poder.
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Boluarte estuvo internada dos días
El médico Mario Cabani también aseguró que Boluarte permaneció internada dos días tras la operación ejecutada el 28 de junio de 2023, es decir, el 29 y 30 de junio. En esos días se centró en que el rostro operado no se hinche a fin de que el posoperatorio no se extienda semanas.
Esta versión del cirujano también deja sin piso a la declaración que Boluarte brindó ante la Fiscalía que la investiga. Ante el despacho de la fiscal de la Nación Delia Espinoza, dijo que solo permaneció internada una noche y que el 29 de junio se retiró del lugar en horas de la mañana.
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Incluso, Cabani reveló que la mandataria peruana prácticamente estuvo todo ese día –el 29 de junio– con los ojos tapados. “Mi enfermera se encargó día y noche de ponerle gazas heladas para que no se hinche”, dijo.
En este punto nace una nueva interrogante. Y es que ese día, Boluarte supuestamente firmó dos decretos supremos en Palacio de Gobierno. ¿Desde el Ejecutivo se falsificó la firma de la jefa de Estado para ocultar que estaba indispuesta por las cirugías al rostro? Es una pregunta que la investigación fiscal debería arrojar respuestas.

Hasta el cierre de esta nota, la presidenta peruana ni alguno de sus colaboradores se ha pronunciado sobre las declaraciones del médico Mario Cabani. En tanto, en los pasillos del Congreso peruano vuelve a hablarse de una denuncia constitucional, incluso una vacancia presidencial.
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Sin embargo, es este mismo Congreso el que ha dejado pasar por agua tibia otras graves denuncias contra Dina Boluarte, como las muertes en las protestas tras su asunción al cargo y la recepción de relojes Rolex a cambio de presuntamente otorgar partidas presupuestales al gobierno regional de su “wayki” (hermano o amigo en quechua) Wilfredo Oscorima.
Las consecuencias legales y políticas
Para el abogado penalista Andy Carrión, se estaría ante el delito de falsedad genérica si es que Boluarte dijo ante la Fiscalía que las cirugías eran por salud cuando en realidad fueron estéticas.
“Ella ha dicho públicamente que no ha fue una intervención estética sino necesaria. Pero sí eso lo ha señalado tal cual en la misma declaración ante el Ministerio Público, entonces podría configurarse el delito de falsedad. Porque está brindado información que no corresponde a lo que ha sucedido, está falseando la información”, declaró Carrión a Infobae Perú.
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El letrado también advirtió que se habría incurrido en falsificación de documentos al haberse emitido normas con la aparente firma suplantada de Boluarte. “Adulteras el contenido con una firma falsa”, apuntó.

En este caso, al tratarse de una persona aforada, las consecuencias no solo son de índole legal, sino también de caracter político. En el Parlamento se preparan mociones para destituir al premier Gustavo Adrianzén y se vocean pedidos de destitución contra Boluarte. Sobre este último, el profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Alonso Cárdenas, no guarda muchas esperanzas.
“En cualquier país medianamente democrático, una revelación de esta magnitud significaría ipso facto la salida de la presidenta de la República porque la flagrancia es es total y la evidencia es contundente. Hace poco la presidenta salió con todo el gabinete en pleno a señalar en un mensaje a la nación que las cirugías no eran estéticas, sino por temas de salud. Esto ha sido categóricamente desmentido ayer por el doctor Cabani”, dijo.
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Sin embargo, dice Cárdenas, el Congreso, única institución que puede remover a un presidente en Perú, ha demostrado que podría no suceder absolutamente nada. “Con ese antecedente es muy difícil que una situación tan contundente como las revelaciones del doctor Cabani deriven en lo que en cualquier país democrático sería”, indicó.
Incluso, el politólogo indicó que la posición de los miembros del Parlamento no variaría pese a que se acercan las elecciones para elegir a un nuevo presidente y un nuevo Congreso, esto es abril de 2026.
“La presidenta Dina Boluarte es la autoridad política más impopular del mundo en estos momentos, con tres con 3% de aprobación. Que se te vea como un aliado, como un sostén, como un pilar de un gobierno tan impopular, electoralmente no es una jugada inteligente. Pero como vivimos en la anomia, pues no digamos el sentido común no es el más común de los sentidos”, enfatizó.
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Un fallo que le daría un aire a Boluarte
Este mes, el Tribunal Constitucional peruano emitirá una sentencia en la que se zanjará si un presidente en funciones puede ser investigado durante su mandato. La demanda, como no podía ser de otra forma, fue presentada por el Gobierno de Dina Boluarte.
Un fallo favorable le daría un respiro de unos meses, afirman los especialistas consultados. Está previsto que la mandataria deje Palacio de Gobierno el 28 de julio de 2026, cuando se produzca el cambio de mando y el Gobierno electo asuma funciones.

Andy Carrión y Alonso Cárdenas advierten que una eventual decisión que avale la postura del Gobierno tendría implicancias necesarias en el caso del expresidente Pedro Castillo, destituido luego de intentar un golpe de Estado.
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Castillo fue investigado durante su mandato por presunta corrupción y actualmente pesa sobre él una orden de prisión preventiva de 36 meses en base a elementos recabados por la Fiscalía mientras se desempeñaba como la más alta autoridad del Perú.
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