De socavones de mina a fosas comunes: la guerra subterránea por el oro en Pataz que oculta cadáveres bajo tierra

En lo profundo de los socavones de las minas de Pataz, en la región de La Libertad, la guerra subterránea por el control del oro viene dejando un rastro macabro de muerte y desolación al norte del Perú. Allí, bajo la tierra, las víctimas caen en manos de organizaciones criminales que han tomado las minas como su feudo.

Los cuerpos de trabajadores y empleados de empresas mineras legítimas, así como personal contratado externamente, se acumulan, enterrados en esos mismos túneles que ya se han convertido en verdaderas fosas comunes. La lucha por el oro ilegal en esta provincia peruana ha transformado el paisaje en un terreno donde la vida humana tiene poco valor frente al poder del crimen organizado.

El pasado 4 de mayo, el doloroso hallazgo de 13 cuerpos en el interior de un socavón de la mina La Poderosa hizo evidente lo que muchos ya temían: la violencia en la región ha alcanzado niveles incontrolables. Los cadáveres fueron encontrados desnudos, maniatados y con signos de tortura, lo que sugiere que fueron ejecutados por sicarios al servicio de grupos criminales dedicados a la minería ilegal.

La situación en Pataz no es nueva. En los últimos años, la violencia asociada a la extracción ilegal de oro ha dejado decenas de víctimas. Pedro Yaranga, experto en temas de seguridad, indicó que lo ocurrido con los 13 trabajadores no es un caso aislado. “Lo que se vive en Pataz no es solo una lucha por el oro, sino un sistema de terror impuesto por bandas que controlan la zona”, dijo a Infobae Perú.

Los ‘chalecos’ y la guerra subterránea

La violencia en Pataz ha sido alimentada por una dinámica particular que se ha instaurado en las minas de la zona. Según Yuri Castro, periodista de investigación especializado en temas vinculados a la criminalidad organizada, las empresas formales que extraen el mineral en esta zona se han visto obligadas a contratar sujetos externos para defender sus intereses. No obstante, este personal no está compuesto por trabajadores con contrato formal, sino por individuos sin derechos laborales, muchos de los cuales son exmilitares o personas con antecedentes criminales.

Castro explicó que estos individuos son conocidos como ‘chalecos’, debido a que su única función es “expulsar a los delincuentes de los socavones”, lo cual implica enfrentarse directamente a los grupos criminales.

“La situación se ha vuelto tan desesperante que las empresas prefieren contratar personal sin ningún tipo de protección legal, simplemente para defender el territorio y asegurar el oro”, indicó el experimentado hombre de prensa a Infobae Perú.

Estos ‘chalecos’ reciben armas de guerra y están entrenados para combatir a los mineros ilegales que invaden los socavones, lo que ha desembocado en enfrentamientos cada vez más violentos y sangrientos.

Lo que Castro subrayó como aún más grave es la falta de regulación en este tipo de contrataciones. “No hay seguro de vida, ni contrato formal. Estas personas son enviadas al campo de batalla sin ninguna protección legal”, añadió. Los ‘chalecos’ no solo enfrentan a los criminales, sino que muchas veces caen víctimas de las mismas mafias que dominan la región, convirtiéndose en bajo costo de la guerra por el control del oro.

La tragedia de los desaparecidos

Las desapariciones en Pataz han alcanzado dimensiones alarmantes y son una de las consecuencias más devastadoras de la minería ilegal en la región. Al diario Correo, Greco Quiroz Díaz, abogado especializado en la defensa de derechos humanos, afirmó a finales de 2024 que al menos 280 personas se encontraban en calidad de desaparecidas a la fecha debido a la violencia y la explotación minera.

Sin embargo, organizaciones civiles locales afirman que la cifra real podría ser aún más alta, con más de 350 desaparecidos en los últimos cinco años. Estas víctimas, en su mayoría jovenes desempleados de Trujillo o Lima que llegan en busca de empleo en las minas, se han desvanecido sin dejar rastro, víctimas de la impunidad que prevalece en la zona. Sus familias tienen la sospecha fuerte que están enterrados en estos socavones.

Para los expertos, la falta de acción de las autoridades y la incapacidad para frenar el avance de las organizaciones criminales que controlan las minas ha contribuido a que estas desapariciones sigan siendo una constante. Muchos de los desaparecidos no tienen ningún vínculo formal con las empresas mineras, lo que hace más difícil que los deudos puedan exigir justicia.

“Las familias esperan respuestas que nunca llegan, y en muchos casos, el miedo a las represalias impide que se denuncien más casos. La impunidad es el mayor enemigo de estas víctimas", afirmó el vocero de una de estas organización civiles que pidió no divulgar si identidad.

Los actores detrás de la violencia

Uno de los principales actores detrás de esta violencia es el grupo criminal conocido como Los Buitres de Pataz. Este grupo, compuesto por exmilitares y miembros de bandas delictivas, controla gran parte de la minería ilegal en la región.

Gregorio Segura Marcelo, conocido como el “Pablo Escobar de Pataz”, lidera la organización, aunque está preso desde 2021. A pesar de su encarcelamiento, su influencia sobre las operaciones ilegales de minería y las extorsiones sigue siendo fuerte.

Según Yaranga, el control del oro ha generado rivalidades sangrientas, con enfrentamientos armados entre entre uno y otro bando, que a menudo terminan en masacres como la de los 13 trabajadores.

“El control de la mina se ha convertido en un negocio multimillonario para estos grupos. No solo explotan a los mineros, sino que además se han adueñado del territorio y extorsionan a quienes se resisten a ceder", afirmó Yaranga.

La minería ilegal no solo ha destruido el medio ambiente, sino que ha deshumanizado por completo a quienes trabajan en las minas, atrapados en un ciclo de violencia y explotación, coindicen los expertos consultados para este informe.

En las entrañas de la tierra

El hallazgo de 16 cuerpos en una fosa común en Las Tolvas, dentro de un socavón también vinculado a La Poderosa, es otra muestra de la brutalidad con la que se desarrolla la minería ilegal en Pataz. En octubre de 2024, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) encontraron estos restos en medio de los escombros, algunos de ellos con signos de estar enterrados desde hace más de tres años.

En ese momento, José Zavala Chumbiauca, jefe de la Región Policial de La Libertad, indicó que la zona de Las Tolvas ha sido tomada por grupos criminales que operan en completa impunidad. “Muchas desapariciones no son denunciadas, lo que complica aún más el registro de víctimas”, expresó el alto mando.

A pesar de las intervenciones policiales, la falta de control efectivo por parte de las autoridades ha permitido que estos grupos sigan operando con total libertad. Según los informes, La Jauría, Los Buitres de Pataz y otros grupos delictivos han consolidado su poder mediante el uso de armas de guerra y extorsiones a mineros. “Los cadáveres encontrados en las minas no son solo el resultado de enfrentamientos, sino de un sistema donde la vida humana no tiene valor”, manifestó Yaranga.

La intervención del gobierno

En medio de esta crisis, la presidenta Dina Boluarte anunció la tarde de este lunes 5 de mayo que se implementará un toque de queda en Pataz de 6 p.m. a 6 a.m., como parte de un esfuerzo por recuperar el control de la región. Las Fuerzas Armadas se desplegarán en conjunto con la Policía Nacional para tomar recuperar el orden en la zona. Además, se prevé la instalación de una base militar, con el objetivo de frenar la expansión de las organizaciones criminales.

Este anuncio llega en un contexto de descontrol total en las zonas mineras, donde la violencia ha superado los esfuerzos de las autoridades para frenarla. La intervención del gobierno será clave, pero aún se desconoce si será suficiente para detener la masacre que sigue teniendo lugar en los socavones de Pataz.