La imposibilidad de reclamar el uso indebido de los datos personales

Comienza un día de trabajo regular y, antes de enviar el primer correo electrónico, recibo una llamada de un número desconocido. Al contestar, después de unos segundos de espera, la llamada se corta. Este escenario se repite varias veces hasta que finalmente escucho un saludo. Al otro lado de la línea, una señorita se presenta en nombre de un banco con el que no tengo ningún vínculo y me ofrece un crédito. Después de explicarle varias veces que no estoy interesada, logro cortar la llamada, pidiendo que registre mi respuesta para evitar nuevas llamadas. Sin embargo, al día siguiente se repite la misma situación: más de diez llamadas insistentes de números desconocidos que no responden al saludo y, una vez más, el ofrecimiento de servicios de empresas con las que jamás —conscientemente— he compartido mis datos personales.

Estoy segura que esta experiencia es frecuente para la mayoría de peruanos. Cansados, muchos optamos por no contestar llamadas de números desconocidos, pero, ¿es esta la solución definitiva? Las llamadas seguirán llegando y, al no contestar, corremos el riesgo de perder alguna que realmente merezca nuestra atención. Entonces, ¿qué podemos hacer para poner fin a esta situación?

Muchas personas creen que el INDECOPI es la entidad encargada sancionar este tipo de prácticas, pero la responsable de protegernos del uso indebido de nuestros datos personales es la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales.

En noviembre de 2024, se promulgó el nuevo reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales que introduce, entre otros cambios, la creación de la plataforma digital “Yo cuido mis datos personales”, la cual tiene como objetivo facilitar la presentación de denuncias por el uso indebido de los datos personales y gestionar las reclamaciones sobre la vulneración de dichos derechos.

Este avance es significativo porque la plataforma actual no está diseñada para ser manejada por todos los ciudadanos, lo que genera preocupación, ya que en los procedimientos administrativos no es obligatoria la asesoría de un abogado.

Dado que esta norma entra en vigor a finales de este mes, confío en que la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales implementará la plataforma de manera efectiva, lo que permitirá a más peruanos ejercer sus derechos.

No obstante, la tarea más urgente y aún pendiente es difundir adecuadamente el contenido y alcance de los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), para garantizar que la población los conozca y pueda ejercerlos adecuadamente. De esta manera, el ciudadano podrá obtener información sobre sus propios datos y el tratamiento que las empresas les dan: cuál es su origen, finalidad y de qué forma se están comunicando o compartiendo. Y con ello motivar un mejor control.

Creo firmemente en la tecnología como motor de desarrollo, pero si buscamos que esto pueda darse de una forma sostenible no podemos dejar de lado la seguridad de las personas.