Alejandro Soto evalúa denunciar a Waldemar Cerrón en Ética: “Rechazo que use mi nombre y el de APP, espero que se rectifique”

El congresista Alejandro Soto, vocero de la bancada Alianza para el Progreso (APP), expresó su rechazo a las declaraciones del segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, quien aseguró en un video difundido por Infobae Perú que contaba con el respaldo de cuatro legisladores de la agrupación de César Acuña para derogar una ley relacionada con el sector salud. Soto calificó estas afirmaciones como una falta de respeto y advirtió que podrían derivar en una denuncia ante la Comisión de Ética del Parlamento.

En una reunión con representantes del Colegio Médico del Perú (CMP), Cerrón se comprometió a lograr el apoyo necesario para derogar la normativa que reconoce ciertos actos médicos realizados por odontólogos. En la grabación se le oye comenzar por los votos de Fuerza Popular y que, al ser advertido de una posible disputa, garantizó la orientación de su votación.

“Vamos poniéndole cuatro, como calculaba, pero... se disciplina y... listo’”, se le oye decir a Cerrón. Luego, continúa con las demás agrupaciones, asegurando que cuenta con el respaldo de Alianza para el Progreso (Alejandro Soto, María Acuña, Eduardo Salhuana y Lady Camones), Perú Libre (Flavio Cruz, Américo Gonza y él), Renovación Popular (Edras Medina y Norma Yarrow) y Avanza País (José Williams y Alejandro Cavero).

Al respecto, el expresidente del Parlamento negó categóricamente que su voto o el de su bancada estuvieran comprometidos en esta iniciativa. “Rechazo que use mi nombre y el de Alianza para el Progreso, pues yo no hipoteco mi voto ni a favor ni en contra de alguna iniciativa que antes no haya sido analizada por mi despacho y mi bancada”, afirmó el parlamentario.

En ese sentido, enfatizó que no ha sostenido conversaciones con el CMP ni con otros gremios del sector salud sobre la mencionada propuesta legislativa. “Waldemar Cerrón no puede tomar mi nombre ni contarme como un voto de una iniciativa de la que no he conversado”, declaró a este medio e instó a su colega a actuar con mayor prudencia al referirse a otros congresistas.

El vocero de APP insistió que las decisiones dentro de las bancadas parlamentarias se toman de manera colectiva y previa discusión en las comisiones correspondientes. Subrayó que ningún congresista tiene la autoridad para adjudicarse votos ajenos o imponer una postura en nombre de otros legisladores. “Espero que se rectifique, pues cada bancada toma una decisión previo acuerdo. Incluso, estos temas inicialmente se discuten en las comisiones correspondientes donde cada bancada tiene un representante”, explicó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de presentar una denuncia contra el legislador de Perú Libre ante la Comisión de Ética del Congreso. En esa línea, cuestionó que el hermano del prófugo Vladimir Cerrón se atribuyera la capacidad de disciplinar a la bancada de Fuerza Popular, lo cual, según el legislador, excede las competencias de cualquier parlamentario.

Origen de la disputa: CMP vs. COP

La disputa parte de la Ley N.° 32210, que modifica la normativa previa sobre el ejercicio profesional de los odontólogos en Perú. Su promulgación generó una fuerte confrontación entre el Colegio Médico del Perú (CMP) y el Colegio Odontológico del Perú (COP).

El primer grupo considera que la modificación normativa podría permitir que los dentistas realicen procedimientos médicos para los que no están debidamente capacitados. Pedro Riega, decano del CMP, advirtió que esta medida compromete la calidad de la atención médica y debilita el acto médico legítimo, que, según él, solo puede ser garantizado por un médico cirujano. Además, señaló que la norma fue aprobada sin un debate técnico adecuado, lo que incrementa los riesgos para la salud de los peruanos.

Por el otro lado, el COP defiende la medida argumentando que los odontólogos están capacitados para asumir un rol más amplio dentro del sistema de salud. Según declaraciones del decano regional del COP, José Ricardo Rojas, esta normativa no busca convertir a los odontólogos en médicos ni autorizarles a realizar cirugías plásticas, sino garantizar que puedan atender emergencias de manera adecuada