Alejandro Soto rechaza acudir a Fiscalización por presunta red de prostitución: “No puede investigar congresistas”

En un nuevo episodio de tensiones políticas en el Congreso peruano, Alejandro Soto, expresidente del Parlamento, ha comunicado oficialmente su negativa a asistir a la Comisión de Fiscalización y Contraloría, presidida por el congresista Juan Burgos. La citación, programada para el jueves 23 de enero de 2025 a las 9 a. m. en la Sala Miguel Grau Seminario del Palacio Legislativo, buscaba que Soto respondiera por presuntas irregularidades durante su gestión, en relación con el caso de red de prostitución.

Sin embargo, el parlamentario ha argumentado que existen razones legales y éticas que le impiden comparecer ante dicho grupo de trabajo. Según un oficio enviado por Soto este lunes 20 de enero de 2025, el congresista sostiene que la Comisión de Fiscalización carece de facultades para investigarlo, señalando que las diligencias relacionadas con los casos en cuestión están siendo llevadas a cabo por la Contraloría General de la República y el Ministerio Público, organismos que, según él, son los únicos competentes para abordar estas denuncias. Además, Soto ha cuestionado la imparcialidad de la comisión, acusando a su presidente, Juan Burgos, de actuar como juez y parte en el proceso.

Las razones detrás de la negativa de Soto

En el documento oficial, Soto expone cinco puntos principales que sustentan su decisión de no asistir. En primer lugar, menciona que la Contraloría General de la República ya está realizando investigaciones sobre la contratación de varios funcionarios durante su gestión, entre ellos Andrea Vidal Gómez, Isabel Cajo Salvador y Jorge Torres Saravia. Soto asegura que los informes de este organismo serán objetivos e imparciales, por lo que considera innecesario someterse a una investigación paralela por parte de la Comisión de Fiscalización.

En segundo lugar, el congresista argumenta que el presunto delito relacionado con una supuesta red de prostitución en el Congreso es competencia exclusiva del Ministerio Público, y no de la comisión parlamentaria

El tercer punto señalado por Soto se refiere a la falta de facultades de la Comisión de Fiscalización para investigar a congresistas, según lo dispuesto por un acuerdo del Consejo Directivo del 11 de abril de 2008. En este sentido, el parlamentario sostiene que la comisión no puede actuar como una comisión investigadora en este caso.

Asimismo, Soto destaca que Juan Burgos, presidente de la comisión, figura como testigo en la carpeta fiscal N° 406-2024, que investiga las denuncias en su contra. Según el oficio, esta situación compromete la imparcialidad de Burgos, quien no debería desempeñar un rol dual en el proceso.

Finalmente, Soto señala que Burgos ha sido denunciado penalmente ante la Fiscalía de la Nación por el delito de usurpación de funciones, al investigar asuntos que, según él, no son de su competencia. Este hecho, asegura, deslegitima aún más a la comisión y refuerza su decisión de no asistir.

Contexto de la citación y los casos investigados

La citación de Alejandro Soto por parte de la Comisión de Fiscalización tenía como objetivo abordar tres temas principales. Según el oficio enviado por la comisión, el primero de ellos es el presunto vínculo de Jorge Torres Saravia con una red de prostitución dentro del Congreso. Este caso ha generado gran repercusión mediática y ha puesto en el centro del debate la transparencia en las contrataciones realizadas durante la gestión de Soto.

El segundo tema está relacionado con el atentado contra Andrea Vidal Gómez, exservidora del Legislativo, un hecho que también ha sido objeto de investigaciones por parte de las autoridades competentes. Finalmente, la comisión buscaba esclarecer las circunstancias en torno a la contratación de personal durante el mandato de Soto, un aspecto que ha sido cuestionado por posibles irregularidades.

En el oficio de citación, la comisión subrayó que su labor se enmarca en la lucha contra la corrupción, de acuerdo con la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. Sin embargo, Soto ha rechazado cualquier responsabilidad en la designación de Torres Saravia, argumentando que las contrataciones administrativas fueron delegadas al entonces Oficial Mayor, Giovanni Forno.