Las investigaciones en el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto” continúan avanzando con nuevas diligencias ordenadas por el Poder Judicial. Como parte de este proceso, se ha autorizado el levantamiento del secreto de las comunicaciones del actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, quien es investigado por presunto tráfico de influencias agravado y, de manera alternativa, por cohecho activo específico. La medida responde a un pedido de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, en el marco de la investigación preliminar que se sigue contra Arana.
El juez supremo Juan Carlos Checkley declaró fundado el requerimiento del Ministerio Público y ordenó que las empresas de telecomunicaciones entreguen información clave sobre las comunicaciones del ministro. Esta decisión busca esclarecer el papel de Arana en la presunta red de corrupción “Los Cuellos Blancos del Puerto”, un entramado delictivo que operaba dentro del sistema judicial peruano y que involucra a jueces, fiscales y empresarios.
Según la resolución judicial, la medida permitirá a la Fiscalía acceder al registro de llamadas, mensajes de texto y de voz, tanto entrantes como salientes, de un teléfono celular utilizado por Eduardo Arana en el periodo comprendido entre el 8 y 9 de abril de 2018. Además, las operadoras móviles deberán remitir la relación de todas las líneas telefónicas que el ministro ha registrado o utilizado en ese tiempo.
Alcance de la medida judicial
La autorización del levantamiento del secreto de las comunicaciones permitirá conocer detalles sobre las personas con las que Eduardo Arana sostuvo comunicación en la fecha investigada. La Fiscalía busca verificar si existen vínculos con otros implicados en el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, especialmente con Walter Ríos, expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, quien cumple una condena de 12 años de prisión tras acogerse a la colaboración eficaz.
La información proporcionada por las operadoras incluirá:
- Relación de líneas telefónicas registradas o utilizadas por Eduardo Arana.
- Historial de llamadas entrantes y salientes entre el 8 y 9 de abril de 2018.
- Mensajes de texto y de voz enviados y recibidos en el mismo periodo.
El Ministerio Público sostiene que estos registros permitirán establecer posibles contactos clave dentro de la presunta red de corrupción y comprobar si Arana mantuvo alguna comunicación relevante con personajes involucrados en el caso.
Se opone a la medida
El ministro Eduardo Arana rechazó la solicitud fiscal mediante un escrito presentado el 8 de noviembre de 2024. En su defensa, argumentó que la medida no responde a “actos urgentes e inaplazables” que permitan determinar la existencia de un delito. Asimismo, cuestionó que la Fiscalía no haya identificado a personas específicas que presuntamente hayan cometido ilícitos.
A pesar de su oposición, el Poder Judicial desestimó estos argumentos y consideró que la información solicitada es relevante para el proceso de investigación, lo que llevó a la aprobación del requerimiento del Ministerio Público.
Antecedentes de la investigación
El caso “Los Cuellos Blancos del Puerto” es una de las investigaciones más complejas sobre corrupción en el sistema judicial peruano. El Ministerio Público inició las pesquisas tras la difusión de audios en los que altos funcionarios del Poder Judicial y del Consejo Nacional de la Magistratura coordinaban presuntos favores judiciales a cambio de beneficios personales.
En este contexto, Eduardo Arana es investigado tras la revelación de un reporte periodístico que expuso una conversación telefónica con Walter Ríos en 2018. Según la Fiscalía, este diálogo podría estar relacionado con la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado.
La Fiscalía continúa reuniendo pruebas y tomando declaraciones para esclarecer el nivel de participación de cada investigado en esta presunta organización criminal. Con el levantamiento del secreto de las comunicaciones, se espera obtener información que permita avanzar en la determinación de responsabilidades en el caso.
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