Poder Judicial responsabiliza al Congreso por ley que permitió la liberación de presunta banda criminal ‘Las Hienas Verdes’

El Poder Judicial informó que la liberación de 10 investigados por integrar la presunta organización criminal ‘Las Hienas Verdes’, entre ellos tres efectivos policiales, se ejecutó en cumplimiento estricto de la Ley 32181. Dicha norma, aprobada recientemente por el Congreso de la República, elimina la detención preliminar sin flagrancia, limitando las facultades de los jueces para ordenar este tipo de medidas.

La decisión, adoptada por la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Huaura, ha generado cuestionamientos por tratarse de un caso que involucra delitos graves como extorsión, homicidio calificado, encubrimiento y tenencia ilegal de armas de fuego. Ante ello, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público se han pronunciado para aclarar los alcances y consecuencias legales del fallo.

Liberación en cumplimiento de la ley vigente

A través de un comunicado, el Poder Judicial responsabilizó de la liberación de los 10 imputados a la recien aprobada y cuestionada Ley 32181. El presidente de la Sala de Apelaciones, Víctor Raúl Mosqueira Neira, explicó que, por mayoría, el tribunal declaró fundado el recurso de apelación presentado por los investigados, quienes solicitaron la variación de la medida de detención preliminar de 15 días aprobada inicialmente por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaura.

En el comunicado, el Poder Judicial enfatizó que, al tratarse de un derecho fundamental como la libertad de los imputados, la Sala estaba obligada a emitir un pronunciamiento conforme a la ley vigente.

¿Qué opina la Fiscalía de la nueva Ley 32181?

Por su parte, el Ministerio Público manifestó su rechazo a la liberación de los investigados, al considerar que la decisión debilita las acciones contra la criminalidad organizada en el país. En un comunicado, la Fiscalía informó que la Sala de Apelaciones revocó la resolución del 29 de noviembre, fecha en la que el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaura autorizó el pedido fiscal de detención preliminar por 15 días.

La Fiscalía anunció la presentación de un recurso de casación, con el objetivo de que la Sala Suprema del Poder Judicial revise y rectifique la medida adoptada por la Sala de Apelaciones de Huaura. Asimismo, solicitó al Congreso de la República que restituya la versión original de la ley anterior, la cual permitía mayores facultades a las autoridades judiciales para ordenar detenciones preliminares en investigaciones de esta naturaleza.

Además, la institución recordó que los imputados son investigados por delitos graves como extorsión, homicidio calificado, encubrimiento personal, tenencia ilegal de armas de fuego, entre otros cargos.

Control difuso y límites de la independencia judicial

Ante las críticas por la decisión judicial, surgieron cuestionamientos sobre la aplicación del control difuso. Esta facultad, establecida constitucionalmente, permite a los jueces inaplicar normas legales cuando consideren que vulneran la Constitución. Sin embargo, la Sala de Apelaciones aclaró que no existe obligación de aplicar el control difuso, ya que su uso corresponde a la independencia judicial de cada magistrado.

En su pronunciamiento, el Poder Judicial subrayó que la independencia judicial es una garantía constitucional y que ninguna autoridad puede exigir la aplicación del control difuso.

Exhortación al Congreso para modificar la ley

En su pronunciamiento, el Ministerio Público exhortó al Congreso a revisar y modificar la Ley 32181, devolviendo su versión original para permitir la detención preliminar sin limitaciones en casos de investigaciones por crimen organizado. La Fiscalía considera que la restitución de esta herramienta legal es necesaria para combatir la criminalidad organizada y fortalecer las acciones del sistema de justicia en el país.

El caso de los presuntos integrantes de Las Hienas Verdes continúa en proceso de revisión. La Fiscalía busca revertir la decisión mediante el recurso de casación, mientras que las autoridades judiciales mantienen su posición de haber actuado conforme a la normativa vigente.