El Poder Judicial ha expresado su firme rechazo a la propuesta del Congreso de la República para conformar una Comisión Especial de Alto Nivel Multipartidaria, encargada de estudiar y presentar, en un plazo máximo de 90 días, una propuesta de reforma integral del Sistema de Administración de Justicia.
A través de un comunicado oficial, la entidad judicial subrayó que la iniciativa, aprobada esta semana por el pleno del Congreso, carece de sustento, pues según su perspectiva, muchos de los problemas que enfrenta el sistema de justicia son responsabilidad directa del Poder Ejecutivo y el Congreso.
“Muchos de los puntos en que cuestiona al Poder Judicial, son de entera responsabilidad del Poder Ejecutivo y del Congreso de la República, pues el primero no ha cumplido con brindar los recursos presupuestales necesarios para atender las necesidades del Sistema de Justicia; y el segundo, no ha cumplido con expedir las normas legales que se le ha solicitado para lograr una mejor administración de justicia”, aclaró la entidad.
El comunicado destacó que el Poder Ejecutivo no ha cumplido con asignar los recursos presupuestales necesarios para solventar las necesidades del sistema judicial, mientras que el Congreso no ha expedido las normas legales que el Poder Judicial ha solicitado para mejorar la administración de justicia.
“Creemos que toda reforma del Sistema de Justicia debe hacerse con la intervención de los actores del mismo, por lo que se rechaza cualquier intervencionismo de otros Poderes del Estado bajo el pretexto de reformar el Poder Judicial”, afirma el escrito.
¿Reforma necesaria o interferencia?
La iniciativa, que fue aprobada con 68 votos a favor, 23 en contra y 15 abstenciones, propone la creación de una comisión multipartidaria, conformada de manera proporcional por representantes de cada bancada parlamentaria, así como dos congresistas no agrupados. Esta comisión tendrá el objetivo de estudiar la crisis del sistema judicial y presentar una propuesta integral para su reforma.
El congresista José Jerí, uno de los principales impulsores de la propuesta, justificó la medida señalando que el Sistema de Justicia atraviesa una grave crisis, la cual, según él, es “innegable” y necesita una intervención urgente. “Las instituciones del Estado enfrentan una crisis profunda, y el sistema judicial no es ajeno a esta realidad”, explicó Jerí, quien sostuvo que la reforma es esencial para mejorar la efectividad y transparencia en la administración de justicia.
Esta acción responde a una moción presentada por otros congresistas, incluidos, además de José Jerí Oré, Jorge Marticorena Mendoza, José Williams Zapata, y César Revilla Villanueva.
Jerí Oré recordó que anteriormente se había exhortado al Poder Ejecutivo para coordinar con varias instituciones, como la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, con el propósito de desarrollar un proyecto de ley de reforma del sistema de justicia.
Sin embargo, la postura del Poder Judicial es clara: rechaza la creación de esta comisión, argumentando que cualquier reforma significativa debe ser propuesta y ejecutada con la participación directa de los propios actores del sistema judicial, como jueces, fiscales y defensores públicos.
“Intentan tomar la Fiscalía y el Poder Judicial”
La promulgación de nuevas leyes por parte del gobierno de Dina Boluarte, que modifican tanto el Código Penal como el Código Procesal Penal del Perú, ha generado una oleada de críticas provenientes de expertos que advierten sobre los posibles efectos adversos en la lucha contra la delincuencia. Estos cambios legislativos, que incluyen modificaciones en relación a la detención de criminales y la solicitud de prisión preventiva, son vistos por algunos como un posible beneficio para las actividades del crimen organizado en el país.
Estas críticas no solo emergen de sectores independientes, sino que han encontrado eco al interior del mismo Ministerio Público. Voces internas han manifestado su desacuerdo con la decisión del gobierno de no vetar estas normativas promovidas por el Congreso. Víctor Cubas, ex fiscal supremo y actual vocero oficial de la Fiscalía, expresó públicamente su disconformidad, sugiriendo que estas reformas podrían ser el preludio de un régimen autoritario.
En una conversación con RPP, Cubas señaló que estas leyes podrían facilitar el accionar del crimen organizado, y advirtió sobre la potencial intención del Poder Ejecutivo y Legislativo de instaurar un régimen con control absoluto, incluyendo el sistema de administración de justicia.
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