Rafael López Aliaga respalda propuesta de “abrir el debate” para la pena de muerte a violadores de menores

El alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, respaldó el planteamiento de la presidenta de la república, Dina Boluarte, para “abrir el debate” sobre la pena de muerte a violadores de menores de edad.

“Va en contra de nuestro país. Yo la apoyo en este tema”, dijo el burgomaestre capitalino a su salida de una sede judicial en el Centro de Lima, donde se llevó a cabo una audiencia por la posible anulación de los peajes de las empresas OAS y Lima Expresa.

Según López Aliaga, el Perú debería retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque este organismo “vela por los derechos de delincuentes y terrucos”.

Más temprano, la presidenta Boluarte solicitó reabrir el debate sobre la aplicación de esta pena, debido al reciente feminicidio de una niña de 12 años en el distrito de Villa El Salvador.

La mandataria peruana hizo el anuncio durante un acto oficial, en el cual también pidió endurecer las medidas judiciales para evitar que agresores sexuales obtengan libertad.

“Es momento de plantear medidas drásticas ante hechos de esta magnitud, que deberían ser impensables en nuestra sociedad. No podemos permitir que individuos como estos continúen caminando libres por las calles”, afirmó Boluarte.

Durante el evento, que tuvo lugar en una sede de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), la presidenta guardó un minuto de silencio en memoria de la menor asesinada y exhortó a las autoridades judiciales y fiscales a actuar con firmeza contra este tipo de delitos.

La jefa de Estado también hizo un llamado a la Policía Nacional del Perú (PNP) para reforzar sus capacidades de protección a la población vulnerable, especialmente a niños y niñas.

“Nuestros niños son lo más sagrado para las familias peruanas. No debemos permitir ningún tipo de contemplación con quienes atentan contra su integridad”, agregó.

El asesinato de la menor, hallada sin vida en Villa María del Triunfo, desató la indignación en la opinión pública y puso nuevamente en discusión el tema de la pena capital.

La familia de la víctima denunció que la Policía Nacional no actuó con rapidez al momento de recibir la denuncia por desaparición, situación que generó críticas hacia el sistema de respuesta de las comisarías locales.

El debate sobre la pena de muerte no es nuevo en el Perú. En su momento, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, expresó en el Congreso que esta medida podría evaluarse en casos de violación de menores y crímenes de sicariato. Sus declaraciones surgieron durante su interpelación, en respuesta a una consulta del legislador Jorge Montoya, de la bancada Honor y Democracia, quien ha defendido abiertamente la aplicación de esta pena en delitos graves.

“Comprendo la preocupación del congresista Montoya respecto a la necesidad de revisar la legislación sobre la pena de muerte para este tipo de crímenes. Aunque se trata de un proceso complejo, no debemos dejar de analizarlo”, sostuvo.

Además, Arana reconoció sentirse consternado por los delitos contra menores, señalando que la gravedad de estos casos genera una demanda social por sanciones más severas.

Cabe señalar que la propuesta enfrenta serios obstáculos legales. El Perú es signatario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, un tratado internacional que prohíbe la expansión de la pena de muerte a nuevos delitos.

En el pasado, la Defensoría del Pueblo ya advirtió que la imposición de esta medida implicaría la salida del país del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo que afectaría otros derechos fundamentales, como la libertad de expresión y la protección de la integridad personal.

La Defensoría también señaló que, constitucionalmente, la pena de muerte en Perú está limitada al delito de traición a la patria en tiempos de guerra, según lo establecido en la Constitución de 1979.

En 1994, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reafirmó esta restricción a través de la Opinión Consultiva OC-14/94, indicando que el país no podría ampliar las circunstancias en las que se aplica esta sanción.

En el pasado, figuras como el exdefensor del Pueblo Walter Gutiérrez consideraron que reabrir el debate sobre la pena de muerte es “inconducente” y desvía la atención de las medidas urgentes que el Estado debe implementar.

Gutiérrez insistió en la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y protección infantil, así como en mejorar el acceso a la justicia con perspectiva de género.

El caso que desató la polémica se suma a otros episodios recientes de violencia contra la mujer, como el de Sheyla Cóndor, en el cual también se criticó la falta de respuesta oportuna por parte de las autoridades.

Mientras el debate sobre la pena de muerte continúa, organizaciones defensoras de derechos humanos reiteran la importancia de enfocarse en medidas efectivas de prevención y protección, como fortalecer la actuación policial, agilizar los procesos judiciales y brindar educación enfocada en la igualdad y la erradicación de la violencia.