¿Pena de muerte en el Perú? La presidenta Dina Boluarte se pronunció por el asesinato de una niña de 12 años en Villa El Salvador y pidió abrir el debate para aplicar la máxima sanción a violadores de menores, pese a que el Perú es parte del Pacto de San José de Costa Rica, conocido mundialmente como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que impide su aplicación.
Durante una actividad en la Fuerza Área del Perú, la jefa de Estado hizo un minuto de silencio por la menor y exhortó a las autoridades judiciales a no permitir que agresores sexuales salgan en libertad.
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“Hago un llamado a las autoridades de justicia, a la Fiscalía y al Poder Judicial, no podemos permitir que este tipo de criminales siga en las calles o tenga este tipo de beneficios. No debemos tener ningún tipo de contemplación a quienes se atreven a tocar a nuestros niños y a nuestras niñas, que son lo más sagrado, lo más intocable para nuestras familias peruanas”, agregó.
También invocó a la Policía Nacional del Perú a reforzar las herramientas para proteger a los más vulnerables, como es el caso de los niños y niñas.
Como se recuerda, en este caso, al igual que en el de Sheyla Cóndor, la familia de la menor asesinada denunció la inacción de los efectivos de la comisaría al momento de tomar la denuncia por desaparición.
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Evaluación
No es la primera vez que el Ejecutivo manifiesta su intención de debatir la pena de muerte. El ministro de Justicia, Eduardo Arana, indicó que evaluaría aplicar esta medida en caso de violación a menores y sicariato.
Durante su interpelación, el titular del Minjus respondió a la pregunta del parlamentario Jorge Montoya, de Honor y Democracia, quien siempre mantuvo a favor de la aplicación de esta medida.
El ministro explicó que es un defensor de los derechos humanos, pero a título personal no puede evitar sentirse consternado por los delitos contra menores de edad.
“Como ministro de Justicia no solamente soy un defensor de los derechos humanos, pero en lo personal no puedo dejar de expresar mi estupor por aquellos que, como bien lo ha mencionado el congresista Montoya, cometen estos delitos tan graves contra la sociedad”, agregó.
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Menor desaparecida
La desaparición de una niña de 12 años en Villa María del Triunfo ha generado controversia en Perú, con acusaciones de inacción por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP). Sin embargo, el Ministerio del Interior ha negado cualquier negligencia por parte de los agentes de la comisaría de José Gálvez, asegurando que se siguieron los procedimientos adecuados tras la denuncia presentada por la familia de la menor.
El caso comenzó cuando la niña abandonó su hogar tras una discusión con su madre en la madrugada. Horas después, la abuela de la menor recibió llamadas de un número desconocido, que no contestó inicialmente. Al devolver la llamada, un hombre afirmó tener a la niña. La familia, por su cuenta, investigó y llegó al asentamiento humano Los Lúcumos de Pachacámac, donde encontraron a Gerson Alexander Juárez Tapia, quien confesó ser el autor del crimen.
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El coronel José María Córdova, director de la Integridad del Ministerio del Interior, afirmó que el comisario de José Gálvez cumplió con las diligencias necesarias. No obstante, el padre de la niña sostiene que fue la familia quien identificó al sospechoso antes de que la policía ofreciera su apoyo. Según el mayor Javier Rivera, comisario de José Gálvez, las declaraciones del padre no son ciertas y expresó su molestia por las acusaciones.
La policía, junto con los padres de la menor, utilizó la geolocalización de una llamada telefónica para localizar al individuo que había contactado a la abuela. Este esfuerzo conjunto llevó a las autoridades al lugar donde se encontraba el sospechos
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