Una investigación realizada por el programa Ocurre Ahora, que incluyó cámaras encubiertas en siete comisarías de la capital, destapó deficiencias preocupantes en la atención de denuncias de violencia machista en medio del feminicidio de Sheyla Cóndor, un caso que ha resaltado la lentitud con que las autoridades responden a denuncias de desaparición, puesto que no atendieron las pruebas presentadas por sus familiares.
En una comisaría de Surco, un reportero se hizo pasar por un agresor confeso para indagar sobre el procedimiento policial. “¿No hay signos visibles o le has dejado marcas?”, preguntó un agente. “Había marcas en su momento, pero ahora ya no”, replicó el supuesto atacante, a lo que el efecto mencionó: “Entonces, no hay de qué preocuparse”.
En un establecimiento de Villa María del Triunfo, un agente preguntó si la víctima aún tenía moretones e indicó que la agresión debía ser reciente para proceder, una postura que fue criticada por la penalista Romy Chang, ya que el plazo de prescripción del delito es igual, como mínimo, a la pena máxima estipulada por el delito. “Ningún delito prescribe en una semana, un mes o dos meses”, señaló.
Durante el recorrido, las cámaras también registraron a una mujer que buscaba denunciar a su expareja por ingresar a su domicilio y causar destrozos. Sin embargo, los agentes le recomendaron acudir al Centro de Emergencia Mujer (CEM) del distrito para pedir garantías para su vida, sin escoltarla, a pesar de que el presunto agresor estaba cerca de la dependencia. Solo la trasladaron después de que el reportero interviniera para pedir ayuda.
Reforma ante crimen machista
El feminicidio de Sheyla Cóndor ha provocado repudio en un país que registra 118 casos entre enero y agosto de este año. La joven desapareció el 13 de noviembre tras asistir al entierro de un familiar. Aunque su familia intentó denunciar su desaparición de inmediato, las comisarías de Comas y Santa Anita no aceptaron la denuncia.
La ministra de la Mujer, Teresa Hernández, señaló que “la Policía forma parte de una sociedad que tolera la violencia” machista y destacó que el 58% de la población la justifica. Por su parte, la exministra Gloria Montenegro criticó a la PNP, al afirmar que “está contaminada y es una institución misógina”, sobre todo “en zonas rurales y andinas”.
Por ello, el Gobierno emprendió una iniciativa para depurarla y reformarla. Durante una sesión en la Comisión de Salud del Congreso, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, destacó que el Congreso tiene la oportunidad de apoyar en la “limpieza” de la institución mediante un proyecto de ley que permitiría retirar del servicio a personal policial que no puede ser separado en circunstancias normales.
Santiváñez señaló que actualmente las leyes son muy garantistas, lo que obliga a reincorporar a efectivos tras obtener su libertad o mantener en funciones a denunciados sin sentencia. Además, instó al Parlamento a evaluar y discutir la norma que otorgaría a su cartera facultades extraordinarias para revisar los legajos del personal policial y anticipar situaciones irregulares.
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