Obras por impuestos: empresas dejarán de pagar el 80% de su IGV a SUNAT si ponen médicos en una posta o profesores en un colegio

El Poder Ejecutivo oficializó el nuevo reglamento de la Ley de Obras por Impuestos (OxI) mediante el Decreto Supremo Nº 038-2026-EF, introduciendo cambios que amplían el alcance del mecanismo y fortalecen la articulación entre el sector público y privado.

A partir de ahora, las empresas no solo podrán financiar infraestructura, sino también aportar en áreas como salud, educación, saneamiento, planificación territorial y construcción de viviendas rurales, incluyendo la provisión de servicios como campañas de salud, telemedicina, programas educativos y gestión de agua.

El reglamento detalla los procedimientos y requisitos para la participación de empresas nacionales y extranjeras, asigna nuevas funciones estratégicas a PROINVERSIÓN y posiciona a la agencia como asesor técnico clave para acelerar la ejecución de intervenciones que impacten directamente en la calidad de vida de la población.

OxI: el Estado amplía y moderniza el mecanismo de Obras por Impuestos

Antes del nuevo reglamento, el mecanismo OxI permitía a las empresas financiar proyectos de inversión pública y usar hasta el 50% de su impuesto a la renta de tercera categoría para cancelar ese tributo mediante certificados emitidos por el Estado, conocidos como CIPRL o CIPGN.

Por ejemplo, si una empresa debía S/100.000 de impuesto a la renta, podía invertir en una obra pública y, tras la entrega, obtener un certificado por ese valor, con el que cubría S/50.000 de su tributo, pagando el resto en efectivo a la SUNAT. El IGV y otros impuestos debían pagarse aparte, de forma tradicional.

Con la actualización, esto cambia de manera sustancial. Las empresas podrán ahora utilizar los certificados OxI para cancelar hasta el 80% no solo de su impuesto a la renta, sino también de otros tributos como el IGV, ITAN, ISC, impuesto especial a la minería y los regímenes especiales y MYPE tributario.

Este cambio, según el análisis del estudio Benites, Vargas & Ugaz Abogados para Infobae Perú, amplía notablemente la utilidad del mecanismo, vuelve más atractivo el financiamiento de proyectos públicos y mejora el flujo de caja de las empresas participantes:

• Ampliación del alcance: Ahora el mecanismo no solo incluye obras de infraestructura sino también servicios (como campañas de salud, programas educativos, gestión de agua) y construcción de viviendas rurales.
• Incremento de la seguridad jurídica: Se establecen plazos y procedimientos claros, lo que da mayor certeza a las empresas.
• Mejora de incentivos financieros: Elevar el límite de uso de los certificados al 80% de la deuda tributaria y permitir su aplicación a más impuestos incentiva la participación del sector privado.
• Flexibilidad en la ejecución: Los servicios pueden implementarse de manera más rápida que las obras tradicionales, llegando a poblaciones vulnerables en menor tiempo.
• Aplicación a varios tributos: Los certificados OxI ahora pueden cubrir IGV, ITAN, ISC, impuesto especial a la minería y regímenes especiales, no solo impuesto a la renta.
• Beneficio para sectores críticos: Salud, educación, saneamiento y vivienda rural son los principales beneficiados, permitiendo intervenciones adaptadas a necesidades concretas.

Empresas podrán financiar telemedicina y talleres de verano a cambio de impuestos en efectivo

Para el sector privado, el nuevo reglamento introduce la posibilidad de financiar “servicios” como campañas de salud, telemedicina, programas de reforzamiento educativo, dotación de conectividad o gestión de agua y saneamiento en zonas rurales.

Estas intervenciones pueden implementarse en plazos más cortos y llegar a poblaciones vulnerables donde las grandes obras de infraestructura serían inviables o tardarían demasiado.

Según el estudio de abogados, esto permitirá a las empresas aportar de manera directa en servicios de atención médica, diagnóstico, capacitación docente o provisión de agua, con resultados medibles y alineados a las prioridades del MINSA, MINEDU o MVCS.

Todos ganamos: la empresa también queda bien con su entorno

El nuevo reglamento delimita expresamente los impuestos que pueden ser cancelados con certificados OxI, otorgando mayor certeza jurídica y predictibilidad a las empresas.

Según Benites, Vargas & Ugaz Abogados, la elevación del límite de uso al 80% de la deuda tributaria resulta relevante porque reduce la carga fiscal neta que debe pagarse en efectivo, amplía la utilidad real del certificado y hace más atractivo el mecanismo para empresas con estructuras tributarias diversificadas.

Esto podría incentivar la participación de compañías de sectores como minería, banca e industria, que hasta ahora no podían aprovechar plenamente los certificados por estar limitados solo al impuesto a la renta.

Más seguridad jurídica y estímulos fiscales para atraer a grandes sectores

El reglamento también establece la obligatoriedad del uso de la metodología BIM (Building Information Modeling) en proyectos que adopten diseño y construcción paralela.

Este dispositivo permite integrar toda la información del proyecto en un modelo digital único, facilita la detección temprana de interferencias, el control de costos y plazos y aporta transparencia en la ejecución.

Finalmente, el plazo de responsabilidad por vicios ocultos de la infraestructura ejecutada mediante OxI se amplía hasta 7 años, destaca el estudio jurídico. Situaciones donde el mecanismo puede aplicarse eficazmente:

• Salud: Financiamiento de campañas de atención médica especializada, implementación de brigadas móviles y prestación de servicios de telemedicina en zonas rurales.
• Educación: Inversión en programas de acceso digital para instituciones educativas públicas, capacitación docente con resultados medibles y programas de reforzamiento escolar.
• Saneamiento: Servicios de gestión de sistemas de agua potable en comunidades rurales, beneficiando a personas sin acceso a estos servicios básicos.
• Vivienda rural: Construcción de viviendas rurales como categoría independiente, orientada a reducir el déficit habitacional en las zonas más vulnerables del país.