El hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, no se encuentra localizado ni vigilado, a pesar de estar bajo una orden de captura dictada por el juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho, quien ordenó su prisión preventiva por 36 meses. Según un reporte difundido este miércoles por Canal N, no hay presencia policial en su vivienda, ubicada en el pasaje Daniel Alomía, en San Borja.
Sergio Sanabria, periodista de RPP, informó que ni la Dirección de Inteligencia (DIRIN) ni la Dirección General de Inteligencia (DIGIMIN) habían incluido a Boluarte en sus registros de seguimiento. Además, vecinos afirmaron no haberlo visto en los últimos diez días. La decisión judicial corresponde al caso denominado ‘Los Waykis en la Sombra’, abierto por presunta organización criminal, cohecho activo genérico y tráfico de influencias.
Boluarte está no habido desde el lunes pasado, cuando no compareció a la audiencia donde se debía leer la resolución sobre su prisión preventiva. Al inicio de la audiencia, el juez verificó la presencia de Luis Vivanco, su abogado defensor, quien mencionó en dos oportunidades que no había podido contactar a su cliente.
Otro de sus abogados, Joseph Campos, aseguró desconocer su paradero y justificó una posible fuga: “Nadie podría aconsejarle que se ponga a buen recaudo de una medida hecha por un juez que ya tiene descalificación por ser parcial”, afirmó en RPP.
El letrado aseguró que Boluarte cumplió con asistir a todas las diligencias hasta que el juez dictó un curso en el Instituto Udeápolis. Durante esa actividad, el magistrado presentó diapositivas sobre corrupción en la administración de justicia, en las que incluyó imágenes del hermano presidencial como parte de un organigrama de presunta organización criminal, siempre según la defensa.
El Poder Judicial dictó una medida cautelar contra el hermano de la jefa de Estado al considerar la alta probabilidad de su implicación en actos ilícitos y el riesgo de que obstruya las investigaciones en su contra. El juez evaluó que Boluarte podría fugarse debido a su supuesto “poder de facto” vinculado a la presidenta, lo cual, a pesar de que su registro migratorio no muestra salidas del país desde 2018, podría facilitar su elusión de la justicia.
Previamente, había decidido inaplicar la nueva ley sobre crimen organizado en este proceso, al considerar que la norma recientemente aprobada por el Congreso es inconstitucional y contraria a la Convención de Palermo. La norma fue criticada por beneficiar a funcionarios públicos y no incluir delitos contra la administración pública. “Se trata de una ley con nombre propio que ha dejado consecuencias nefastas y seguirá produciéndolas”, apuntó.
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