El gobierno de Dina Boluarte promulgó la Ley 32130 que devuelve a la Policía Nacional del Perú (PNP) la facultad para investigar delitos. La norma fue publicada este jueves 10 de octubre en el diario oficial El Peruano, lo que implica que pasadas las 24 horas, será la PNP la encargada de dirigir las diligencias preliminares.
Como se recuerda, en medio del primer paro de transportistas, el pasado 26 de setiembre, la congresista Patricia Juárez informó que la norma había sido enviada al Ejecutivo y exhortó a la presidenta a promulgarla de inmediato.
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Horas después, el jefe de la PCM, Gustavo Adrianzén, coincidió con la parlamentaria y adelantó que el Ejecutivo no observaría la norma. Supuestamente, esta modificación busca delimitar las funciones de la PNP y del Ministerio Público en el desarrollo de la investigación preliminar.
Sin embargo, juristas y otros especialistas alertaron que en lugar de reforzar y fortalecer el trabajo de la PNP en la lucha contra la criminalidad, traería un retroceso, puesto que los efectivos policiales no están capacitados para esta labor. Pese a eso, la norma se aprobó con una abrumadora mayoría de 72 votos a favor.
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Ministerio Público se pronunció
El pasado 11 de setiembre, el Ministerio Público de Perú expreso su preocupación por la aprobación de la ley que otorga a la Policía Nacional del Perú (PNP) la facultad de dirigir investigaciones preliminares. Esta medida, que busca modificar el Código Procesal Penal, ha sido calificada por fiscales como una amenaza a la independencia del sistema judicial y a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
El pronunciamiento de las autoridades fiscales, difundido a través de redes sociales, destaca que la reforma es inconstitucional. Argumentan que al transferir la dirección de las investigaciones a la PNP, una entidad bajo el control del Poder Ejecutivo, se pone en riesgo la objetividad y se podría fomentar la impunidad, especialmente en casos de corrupción que involucren a altos funcionarios.
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La preocupación central radica en que esta transferencia de competencias a la PNP podría violar la separación de poderes, un principio fundamental del Estado de Derecho. Los fiscales han instado a los poderes del Estado peruano, a los organismos públicos autónomos y a los Colegios de Abogados del Perú a manifestarse sobre estas iniciativas legislativas que consideran inconstitucionales.
En ese entonces, pidieron a la presidenta Dina Boluarte que, en el ejercicio de sus prerrogativas, observe el proyecto de ley para asegurar que se respete la Constitución. La preocupación de los fiscales es que, al permitir que la PNP conduzca las investigaciones, se podría comprometer la imparcialidad y la eficacia en la lucha contra la corrupción.
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Posturas
En una entrevista en RPP, el ex fiscal supremo Martín Salas advirtió que esta norma, además de atentar contra las funciones del Ministerio Público, puede comprometer los procesos judiciales, pues es el fiscal quien se encarga de dar legalidad a las pruebas recogidas durante las diligencias.
Salas añadió que el trabajo debe realizarse en conjunto, entre personal de la Fiscalía y efectivos policiales, pues eso es lo que está establecido en la Constitución.
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“Lo que manda es que el fiscal conduzca y la Policía investigue. Lo que dice la Constitución es que los dos son responsables. Entonces, la Policía no puede ir solo a intervenir… le tiene que comunicar al fiscal e ir”, añadió
Por otra parte, el ex jefe del gabinete de asesores del Ministerio del Interior, Luis Herrera, consideró que es la Policía quien tiene la capacidad de dirigir las diligencias preliminares, y que transferir esta función a la Fiscalía, generó el debilitamiento en la calidad de la investigación.
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Asimismo, remarcó que es el efectivo policial quien se encuentra en la calle, mientras que el fiscal está trabajando en su despacho, lo que dificulta la lucha contra el crimen, que debe ser algo inmediato.
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