Extorsiones alcanzan al Congreso: con chaleco antibalas, legisladora revela amenazas y pide garantías de vida

La congresista Ariana Orué (Podemos Perú) reveló este jueves ante el pleno su preocupación por la criminalidad que afecta al país y cómo este panorama ha impactado su vida personal. “Me solidarizo con transportistas, comerciantes y todas las personas que sufren la inseguridad”, dijo al detallar que es víctima de amenazas y actos de reglaje.

La legisladora, accesitaria del fallecido legislador Enrique Wong, indicó que emplea un chaleco antibalas desde hace un mes y que ha solicitado garantías de vida. “Desde que asumí el cargo, lo primero que hice fue fiscalizar a las autoridades chalacas. Desde entonces, he sido víctima de reglaje e incluso he tenido que solicitar garantías de vida para resguardar mis funciones”, declaró posteriormente en una rueda de prensa.

“Como nunca se ha visto en el Callao fiscalizar a las autoridades, y como justamente hemos trabajado de manera transparente, vienen pasando estas cosas. Gente muy cercana a mí habla que van a sus casas a amenazar con balazos, indicando que no se pueden oponer o tener una opinión distinta a las autoridades”, agregó.

La parlamentaria también cuestionó la efectividad de la seguridad que le ofrece el Estado a través de un agente. “No es suficiente. No es solo domiciliaria, sino que debe acompañarme en el transcurso de mis funciones. Prácticamente, de madrugada ya no tengo seguridad”, señaló.

Las declaraciones de Orué coinciden con el paro realizado por transportistas urbanos para denunciar la ola de extorsión que enfrentan, al cual se sumaron bodegas y pequeñas tiendas de alimentación. El mes pasado, la Asociación Nacional de Bodegueros informó que alrededor de 3,000 comercios han cerrado en Lima debido a extorsiones que surgieron tras la pandemia.

En esta ocasión, los transportistas demandaron la derogación de una controvertida ley sobre crimen organizado, criticada por especialistas por dificultar su combate, y rechazan una propuesta gubernamental que clasifica como “terrorismo urbano” delitos como la extorsión, el sicariato y el secuestro.

La presidenta Dina Boluarte ha calificado la inseguridad ciudadana como una forma de “terrorismo” y reiteró su postura de responsabilizar a los migrantes de la criminalidad, a pesar de que sus afirmaciones no coinciden con datos oficiales.

Destacó la necesidad de que el Estado y la sociedad colaboren para prevenir que bandas criminales, tanto internacionales como locales, arraiguen en el país. “Estamos en lucha contra este nuevo terrorismo que amenaza nuestros hogares y busca destruir el tejido social mediante el miedo, derramando sangre”, enfatizó.