Nicanor Boluarte fue detenido: ¿cuántos años podría ir a prisión?

Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, hermano de la presidenta de Perú, fue detenido este viernes 10 de mayo por su presunta participación en actividades criminales, en por lo menos cuatro casos de tráfico de influencias y su vinculación con una organización criminal.

A través de una medida cautelar, dictada por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, se autorizó su retención preliminar por 10 días. En dicho documento se detalla también el pronóstico de su pena por los diversos delitos imputados.

Boluarte Zegarra se enfrentaría a 31 años de prisión, sumando las penas mínimas por cada delito imputado. Por el delito de organización criminal, se le calcula 15 años en su extremo mínimo, y por el delito de tráfico de influencias por cuatro eventos, se establecería 4 años en su extremo mínimo, por cada uno de ellos, debido a que no habría concurrido ninguna causal de disminución de la pena en su caso concreto.

¿Cuál es la situación jurídica de Nicanor Boluarte?

Las autoridades judiciales han evaluado que el investigado podría intentar fugarse o interferir con la investigación en curso. Esta preocupación surge de ciertos comportamientos y la falta de arraigo económico comprobable del señor Boluarte Zegarra, quien alega trabajar en la defensa privada, pese a lo cual registros oficiales lo señalan como “no habido”.

Entre las razones que refuerzan la preocupación por una potencial fuga de Boluarte Zegarra se encuentran la severidad de la pena que podría enfrentar, estimada en hasta 31 años de prisión debido a su supuesta participación en actividades criminales, incluyendo tráfico de influencias y su vinculación con una organización criminal. Esta situación, argumentan las autoridades, podría incentivar su evasión de la justicia y la alteración de la evidencia a su favor.

Adicionalmente, se ha informado de intentos por parte del acusado y su defensa de redireccionar el caso hacia otra fiscalía, lo cual podría interpretarse como un esfuerzo por influir en el proceso judicial a su favor. Un agente encubierto ha revelado solicitudes específicas hechas por el abogado de Boluarte Zegarra, buscando información sobre la investigación y procurando el cambio de fiscalía encargada del caso, lo que arroja dudas sobre la transparencia del proceso y la posible manipulación por parte del investigado y su equipo legal.

Puntos claves de las imputaciones contra el hermano presidencial

• Involucramiento en organización Criminal: Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra está siendo investigado bajo la sospecha de pertenecer a una organización criminal, definida en el artículo 317 del Código Penal, relacionada con el partido político “Ciudadanos por el Perú”.
• Designaciones clave en el Estado: Se le acusa de concertar acciones con el grupo cercano a Dina Ercilia Boluarte Zegarra para colocar personas de confianza en puestos claves dentro del Estado, manipulando designaciones de prefectos y subprefectos a nivel nacional.
• Tráfico de influencias: Está también acusado bajo el artículo 400 del Código Penal por tráfico de influencias, alegando que influía ilegítimamente en las decisiones administrativas y judiciales mediante promesas de beneficio personal o para terceros. Como parte de la organización, Boluarte Zegarra ocupó el cargo de coordinador general nacional, negando públicamente esta posición, a pesar de su importante rol en la coordinación y planificación de la inscripción y financiación del partido “Ciudadanos por el Perú”.
• Cobro de cupos y coacción: Se le vincula con el cobro ilegal para la designación de subprefectos, así como con la presión ejercida sobre funcionarios que no seguían las órdenes establecidas, bajo amenaza de ser destituidos. Tuvo conocimiento de acciones ilícitas cometidas por operadores en regiones específicas y, a pesar de las denuncias de autoridades locales, no tomó medidas correctivas, mostrando una omisión ante la corrupción.
• Financiamiento ilícito y recolección de firmas: Se le imputa haber dirigido un plan criminal para el financiamiento de la organización a través del nombramiento ilegal de subprefectos y la recolección de firmas necesarias para la inscripción del partido político.
• Designación de cargos sin requisitos: Se alega que Boluarte Zegarra facilitó la designación de personas cercanas al círculo presidencial en entidades del Estado sin cumplir con los perfiles profesionales requeridos, buscando controlar diversas instituciones.
• Injerencia en procesos judiciales: A través de intermediarios, intentó influir en el proceso de investigación en su contra, buscando neutralizar o desviar la investigación fiscal N° 11-2023 relacionada con actos de corrupción.
• Amplio esquema de corrupción: Las acusaciones engloban un amplio esquema de corrupción que incluye tráfico de influencias, designaciones indebidas, financiamiento ilícito de un partido político, y manipulación de la justicia, mostrando un abuso del poder para satisfacer intereses personales y del partido “Ciudadanos por el Perú”.