No se trató de un secuestro más ni de una banda criminal ajena al Estado. Lo que estremeció y generó indignación fue conocer que los responsables vestían uniforme policial y estaban en plena actividad. Así lo reveló un reportaje difundido este 1 de febrero en el programa Cuarto Poder, que expuso cómo un grupo de policías de la Policía Nacional del Perú habría ejecutado un secuestro, una intervención ilegal y una extorsión bajo la fachada de un supuesto operativo antidrogas.
Según la investigación fiscal, todo comenzó con lo que fue presentado como una intervención policial, pero que en realidad se trató de una intervención simulada.
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“En realidad, había sido una intervención simulada, una intervención irregular, un montaje que había llevado a cabo la Policía Nacional”, declaró el fiscal anticorrupción Jorge Mauro García, entrevistado por el dominical.

Las cámaras de seguridad fueron claves
El objetivo de este montaje, explicó el fiscal, no era combatir el crimen, sino presionar psicológica y económicamente a las víctimas. “Todo este montaje había sido para efectos de presionarlos, someterlos a un estado de presión tan fuerte para que acepten dar dinero en efectivo a efectivos de la Epinque de San Martín de Porres, en la persona de su jefe, que en ese momento era un comandante, hoy un coronel de la Policía Nacional del Perú”, precisó.
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Las cámaras de seguridad fueron claves para reconstruir lo ocurrido. Desde San Martín de Porres, un grupo de policías salió de su jurisdicción y recorrió varios kilómetros hasta Lurín, sin orden judicial ni fiscal de turno. El jueves 20 de noviembre, a las 11:14 de la noche, las cámaras del grifo Kío, en el kilómetro 25 de la Panamericana Sur, registraron la llegada de un Porsche 911, conducido por el empresario David Campos Urrutia.
Minutos después, su acompañante Junior Chávez descendió del vehículo para retirar dinero de un cajero automático. En ese momento, un sujeto vestido de negro pasó junto al automóvil sin dejar de observarlo. Era el alférez Mauricio Kogatsu, quien, según la Fiscalía, realizaba un mapeo previo de la víctima. “Hace una especie de verificación previa, los va vigilando sigilosamente… ellos ya tenían la información y la orden que venía desde la jefatura de la Epinque de San Martín de Porres”, explicó el fiscal.
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A las 11:20 de la noche, una camioneta blanca cerró el paso al Porsche. Otro vehículo bloqueó la salida por detrás. No hubo advertencia ni identificación formal. La camioneta que inició la emboscada pertenecía al Estado, específicamente a la División de Investigación Criminal de San Martín de Porres. “Una camioneta blanca Mitsubishi intercepta al Porsche… inmediatamente bajan sin mediar palabras y los encañonan”, relató Jorge Mauro García.
El secuestro quedó consumado. Junior Chávez narró cómo el operativo irregular se transformó en un acto criminal. “Uno se baja con el arma en la mano y dice: ‘Max, hemos venido por ti’. Lo bajan del carro y a mí me agarran del cuello y me dicen: ‘¡Vamos!’”, declaró. El empresario confirmó el uso de armas como intimidación: “Hicieron uso de su arma porque me apuntó… me dijo que era de la Dirandro”.
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Sin embargo, los agentes nunca pertenecieron a la Dirandro. “Ni siquiera se identifican como miembros de la Epinque, sino como Dirandro… y es ahí donde les privan de la libertad y empiezan a ejercer actos de presión”, sostuvo el fiscal. La supuesta investigación por narcotráfico era inexistente y carecía de todo sustento legal.

Uno de los policías investigados, el suboficial Marcelo Benavides Masgo, incluso se grabó conduciendo el Porsche, tomándose fotos y videos mientras manejaba el vehículo valorizado en más de 200 mil dólares, sin protocolo ni cadena de custodia. El verdadero dueño viajaba esposado en otro auto. “Hizo alarde de la conducción, se filmó, se tomó fotografías”, detalló el fiscal.
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Ya en la sede policial de Pincri San Martín de Porres, la situación se agravó. Según las imágenes y testimonios, se intentó fabricar pruebas. “Al punto de querer tomarles fotografías con chalecos de detenidos y un paquete de marihuana”, reveló Jorge Mauro García.
Horas después, el empresario logró llamar a su hermano Porfirio Campos, quien relató: “Me dijo: ‘Estoy en San Martín de Porres, me quieren sembrar droga. Vente rápido’”. Al llegar, se produjo la negociación del soborno. “El alférez le hace la seña de cinco… el comandante le dice que con quinientos no hace nada… recién al monto de tres mil le dice ‘trae el dinero y te arreglamos’”, explicó el fiscal.
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Fiscalía anticorrupción dicta 18 meses de prisión preventiva
Finalmente, se entregaron más de tres mil soles. “Al comandante, personalmente… le di dos mil quinientos y automáticamente mi hermano salió”, declaró Porfirio Campos. Tras ello, los policías elaboraron actas irregulares. “Documentos burdos, actas incompletas que tratan de dar una situación irreal”, indicó el fiscal.

El pasado 12 de enero, seis policías fueron detenidos, incluido el coronel Mervin Sánchez Mato, entonces jefe de la unidad. Hoy cumplen 18 meses de prisión preventiva, acusados de secuestro, concusión, extorsión y falsificación de documentos. La Fiscalía sostiene que no combatieron el crimen, sino que usaron el uniforme como un arma para lucrar con el miedo.
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