Gobierno asegura que nuevo asesinato de defensor indígena no quedará impune: ¿cuáles son las barreras para garantizar justicia?

Tras el asesinato del guardaparque indígena Victorio Dariquebe Gerewa, quien luchó por la protección de la protección en la Reserva Comunal Amarakaeri, en Madre de Dios, el Gobierno se ha propuesto cumplir con un objetivo claro: identificar y capturar a los responsables para asegurar el bienestar de los deudos del defensor.

Para ello, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Interior, Cultura y Ambiente iniciaron operaciones que incluyen la activación del Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos y el ofrecimiento de asistencia legal y económica a los familiares del Dariquebe Gerewa.

Por su lado, la Defensoría del Pueblo, mediante una publicación en X (antes Twitter), exigieron una investigación exhaustiva y rápida para dar con los culpables del asesinato.

En tanto, el presidente del Congreso, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), destacó a través de sus redes sociales la labor incansable del defensor indígena en la protección del territorio de Amarakaeri contra las mafias implicadas en actividades ilícitas.

Hoy en día, estas amenazan la conservación del medio ambiente y los derechos de las comunidades indígenas harakbut, yine y matsiguenka que habitan la reserva, la cual se encuentra amenazada por la minería y la tala ilegal, además de la construcción de carreteras no planificadas y operaciones de narcotráfico.

Con este asesinato, el número de defensores ambientales asesinados en Perú asciende a 34. De acuerdo a los pueblos indígenas, esta realidad evidencia la persistente violencia que enfrentan en su lucha por preservar su territorio.

En respuesta a esta preocupante tendencia, en 2021 se creó el Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, bajo la coordinación del Minjusdh, para asegurar la prevención, protección y acceso a la justicia de los defensores.

Sin embargo, según la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), este instrumento no ha conseguido frenar los crímenes hacia los defensores indígenas.

La falta de recursos y pautas claras para la financiación del mecanismo por parte del Ministerio del Interior (Mininter) son dos de las razones que impiden la protección eficaz de los defensores ambientales mediante este instrumento.

En este caso, en particular, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la organización vocera de los pueblos indígenas de la Amazonía, ha señalado que Dariquebe ya había sido objeto de amenazas previas debido a su labor de conservación.

Por ello, las organizaciones indígenas refuerzan la urgencia de adoptar medidas concretas para proteger a los defensores indígenas, así como para garantizar una investigación exhaustiva que no dejen los casos en impunidad.

El pedido es impulsado también desde la Federación Nativa del río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad), el Ejecutor del Contrato de Administración de la Reserva Comunal Amarakaeri (ECA Amarakaeri), el Consejo Harakmbut, Yine y Matsiguenga (Coharyima), y del Consejo Indígena de la Zona Baja de Madre de Dios (Coinbamad).