“Es mi derecho, no hay nada inconstitucional”: Alejandro Soto responde por solicitud de defensa legal

Presidente del Congreso se refirió en Infobae Perú a los cuestionamientos por pedir que el Estado cubra el costo de sus abogados en la investigación que se le sigue por presuntamente priorizar la moción contra la Junta Nacional de Justicia

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Alejandro Soto solicitó que se financie su defensa legal. | Congreso
Alejandro Soto solicitó que se financie su defensa legal. | Congreso

El presidente del Congreso, Alejandro Soto, solicitó la cobertura de su defensa legal en la investigación que le sigue la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos tras ser incluido en la indagación a Patricia Benavides por la presunta organización criminal que habría liderado. En respuesta, se acordó desembolsar un total de 70 mil soles, lo cual generó distintas críticas. No obstante, en diálogo con Infobae Perú, el titular del Parlamento recordó su constitucionalidad.

“Es mi derecho, no hay nada inconstitucional. La ley 30057, Ley del Servicio Civil, es clara al decir que los funcionarios públicos pueden contar con asesoría profesional con cargos a los recursos de la entidad para su defensa”, mencionó a este medio.

“Además, la misma norma señala que, si al finalizar el proceso se demostrara algún grado de responsabilidad, quienes soliciten dicho beneficio deberán reembolsar el monto. Es decir, aquellos que cuestionan mi inocencia tampoco tienen motivos para la crítica”, agregó.

Aunque no quiso pronunciarse ni dar mayor detalle sobre la diligencia, al considerar que debe responder ante el fuero respectivo, recordó que se trata de una indagación relacionada con el ejercicio de sus funciones y no anterior a asumir el cargo de legislador.

“Las especificaciones se amparan en el artículo 87 del Reglamento Interno de Trabajo del Congreso. Todos los pasos se han seguido tal y como señala el procedimiento”, aclaró el titular del Poder Legislativo a Infobae Perú.

Según lo informado en el Sistema Electrónico de contrataciones del Estado (SEACE), la invitación, presentación de ofertas y adjudicación del servicio de asesoría y defensa legal se realizó el viernes 12 de abril.

Dado que se trata de un servicio de asesoría legal, no se realiza un proceso de selección, sino que el funcionario que solicita el beneficio presenta la propuesta de honorarios del abogado o del estudio que lo defenderá. En este caso, Alejandro Soto pidió que el Poder Legislativo financie los honorarios del estudio Bramont-Arias Torres, ascendente a 70 mil soles.

Captura de pantalla del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado. | SEACE
Captura de pantalla del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado. | SEACE

¿En qué caso se defenderá a Alejandro Soto?

El presidente del Congreso estableció dicha solicitud ante la investigación que se le atribuye por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo impropio y cohecho activo específico. Ello, tras el testimonio del exasesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, quien mencionó que el integrante de Alianza para el Progreso aceptó priorizar en la agenda del Pleno la moción para investigar a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a cambio de que se archive la investigación en su contra por la ‘Fábrica de Trolls’.

“Cuando (la congresista) Patricia Chirinos presentó la moción de remoción (de la JNJ), el tema era para que se agende y se discuta. Chirinos me dijo que en el Congreso no lo querían agendar. Hablo con Patricia Benavides, le informo de esto y le manifiesto que para que se agende había que hablar con el presidente del Congreso, que es Alejandro Soto. [..] Al día siguiente, o a los dos días, Benavides me dijo que ya había tomado contacto con Soto. [...] Es el mismo Soto el que pide que se agende. Creo que fue al día siguiente de que se agendó, (el exasesor) Abel Hurtado y yo fuimos al Congreso a visitar a Soto a la Presidencia. [...] Nos recibió él con su jefa de gabinete de asesores, una crespa. La cosa es que cuando nos reunimos con él, Soto nos pidió que se le apoye en la investigación que se le había abierto por el caso conocido como Fábrica de Trolls. De hecho, nos comentó que esa era una práctica usual en el Congreso. La asesora nos dijo que ella estaba también como investigada en ese proceso”, declaró Villanueva.

Cabe mencionar que dicha diligencia no fue archivada, sino declarada “compleja” y ampliada por ocho meses más con el argumento de realizar mayores diligencias para establecer las presuntas responsabilidades del caso.

No es el único congresista

Además de Soto, la fiscal suprema Delia Espinoza investiga a Martha Moyano, Patricia Chirinos, José Balcázar, Katy Ugarte, Edgar Tello, Adolfo Tacuri, Luis Cordero Jon Tay, Luis Aragón, José Daniel Williams Zapata, José Jerí, Illich López, César Revilla, Jorge Luis Flores Ancachi.

Infobae Perú conoció que, además de Soto, otros parlamentarios también solicitaron y accedieron a la cobertura de su defensa legal por parte del Congreso de la República.