El Consejo Fiscal, organismo técnico que vela por las finanzas públicas, expresó su preocupación por las medidas financieras adoptadas recientemente por la Municipalidad de Lima vinculadas a operaciones de endeudamiento sin garantía del Gobierno por un monto significativo S/1.205 millones en un plazo de 20 años.
Según refiere el CF, esta medida compromete la disponibilidad de recursos futuros del municipio puesto que la operación de endeudamiento tiene respaldo en un fideicomiso de titulización conformado con los ingresos provenientes de la alcabala y del impuesto al patrimonio vehicular, lo cual podría generar una situación de desequilibrios presupuestales para las siguientes cinco administraciones municipales.
Los bonos por S/1.205 millones fueron colocados en el mercado internacional a inversionistas institucionales, con predominio de extranjeros, a un plazo de 20 años y tasa de interés de 10,1%.
Por otro lado, señalan que el alto costo financiero de esta operación implica una mayor presión hacia la rentabilidad de los proyectos que se piensan financiar.
Fitch evaluó los bonos y les asignó una calificación de BBB
El marco legal que autoriza la operación de endeudamiento de la MML se basa en que cuentan con dos calificaciones crediticias superiores a BBB+13 , que le permiten:
- Estar exceptuada del cumplimiento de las reglas fiscales subnacionales y sus medidas correctivas.
- Realizar operaciones de endeudamiento sin garantía del Gobierno Nacional por encima de los S/ 15 millones.
El Consejo Fiscal desde 2016 ha emitido opinión en múltiples oportunidades que no es adecuado establecer excepciones que permitan tomar mayor endeudamiento en función únicamente de calificaciones crediticias, principalmente porque dichas calificaciones generalmente suponen que el Gobierno Nacional actuará como garante (implícito) en situaciones de limitada capacidad de pago de la entidad subnacional evaluada.
La fuerte dispersión en calificaciones crediticias asignadas a la Municipalidad de Lima sugiere un grado no menor de subjetividad en la asignación de las mismas.
En la misma línea, mediante el Decreto Legislativo N° 1613 se estableció el marco legal para la creación de un fideicomiso de titulización para el financiamiento de obras de infraestructura relacionadas al desarrollo del transporte y la movilidad urbana en Lima y Callao.
Al respecto, el Consejo Fiscal reitera que este tipo de mecanismos puede generar mayor gasto y endeudamiento público, así como pasivos contingentes no contemplados en el Marco Macroeconómico vigente. Sobre el decreto, el mencionado organismo, presidido por Carlos Oliva, observa que el mecanismo establecido conlleva riesgos explícitos asociados a la emisión de garantías no financieras, las cuales son un contingente asumido por el gobierno.
Otros de los cuestionamientos que pesan sobre el alcalde es su intención de resolver el contrato de concesión asignado al consorcio Rutas de Lima, que hoy se evalúa en un tribunal internacional. El burgomaestre ha recibido críticas en torno a ello, debido a que pone en riesgo la seguridad jurídica y aminora el ánimo de los inversionistas por traer sus capitales al país.
Recordemos que el Consejo fiscal ha advertido anteriormente de los altos niveles de endeudamiento del gobierno capitalino de Rafael López Aliaga.
Consejo fiscal muestra preocupación por apoyo a Petroperú
El Consejo Fiscal también muestra su preocupación por los anuncios del Gobierno que señalan que se vienen evaluando esquemas de apoyo financiero a la empresa estatal Petroperú. Al respecto, señala el permanente deterioro de la situación financiera y considera que el riesgo para las finanzas públicas radica en la magnitud de las necesidades financieras de la petrolera estatal.
“El CF advierte que nuevas medidas de apoyo financiero a Petroperú conllevarían implicancias fiscales relevantes, pudiendo reducir la disponibilidad de recursos líquidos del gobierno o presionar hacia mayores niveles de endeudamiento público. En ese sentido, el CF reitera la importancia de que se tomen las medidas correctivas correspondientes para que la gestión de Petroperú se rija de manera efectiva bajo criterios de transparencia y buen gobierno corporativo”, señalaron.
Finalmente, el CF recuerda que la sostenibilidad fiscal es una condición necesaria para mantener la estabilidad macroeconómica que conlleva múltiples beneficios para la economía.
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