Este martes, la Fiscalía Anticorrupción de Lima anunció que inició una investigación preliminar de oficio contra los que resulten responsables del presunto delito contra la administración pública, por la emisión de 17 mil pasaportes supuestamente inconclusos, en agravio del Estado.
Esto, luego de conocerse que dos empresas extranjeras tendrían convenios adjudicados con la Superintendencia Nacional de Migraciones por más de 120 millones de soles y vendrían controlando la emisión de estos documentos.
Pasaportes no verificados
Cabe indicar que, en abril de este año, la periodista Pamela Acosta denunció que los pasaportes que no han sido verificados no están pasando el control en la Superintendencia Nacional de Migraciones, dentro del aeropuerto Jorge Chávez. Es decir que, a pesar de que un ciudadano tenga programado un viaje, las autoridades podían impedirle el ingreso al avión.
Acosta señaló que el jueves 20 de abril intentó ingresar a la puerta de embarque desde donde su avión partiría. Pero su pasaporte no era reconocido por el lector de las máquinas. “Estaba a punto de pasar por los gates y el pasaporte no era leído por las máquinas. La señorita tampoco lo pudo pasar por su lector. Me llamaron a un costado y me dijeron que mi pasaporte pertenecía a un lote al que le faltaba una verificación. No me dieron más explicaciones”, relató.
Luego, un trabajador de la Superintendencia Nacional de Migraciones le explicó que iban a tramitar un nuevo pasaporte para ella. Sin embargo, la periodista tuvo que pagar S/96 en ese momento, mediante la aplicación Págalo.pe.
Mediante redes sociales, Panamericana Televisión reveló que otros ciudadanos vivieron lo mismo en el Aeropuerto Jorge Chávez. Uno de ellos contó que tuvo que tramitar nuevamente un pasaporte en abril, a última hora, a pesar de que en diciembre lo había realizado en la Superintendencia Nacional de Migraciones.
El ‘club’ de los pasaportes
Recientemente, el diario El Comercio reveló la existencia de un ‘club’ detrás de los “problemas de verificación” que afectaron a varios viajeros. Pese a las dificultades persistentes en la obtención de estos documentos, las empresas encargadas de la etapa de emisión de pasaportes han licitado contratos por millones de soles en los últimos años. Ahora, Migraciones depende en gran medida de estas compañías, pese a que una de ellas enfrenta denuncias de corrupción en otros países.
La publicación afirma que estas empresas han logrado establecer un control casi absoluto sobre todo el proceso de producción de pasaportes electrónicos. Además, son responsables de suministrar tanto las libretas físicas como los códigos y el software necesario para la inscripción digital de la información del usuario.
En el 2015 la Superintendencia Nacional de Migraciones contrató al Consorcio In Continu Et Services S.A.S. – Gemalto México S.A. de C.V. para el servicio de emisión de los pasaportes electrónicos. Este proceso requería de Certificados Digitales para la certificación y lectura de la información cargada al documento y el chip que este posee.
Ambas compañías vienen siendo contratadas con millonarias adjudicaciones y actualmente se presentan como dos empresas diferentes: Thales Dis México (antes Gemalto) e IN Continu Et Services. La primera es del Grupo Thales y la segunda forma parte del conglomerado IN Groupe.
El informe periodístico señala que Thales fue investigada por presuntos actos de corrupción en Malasia y Sudáfrica, por casos referentes a la venta a sus fuerzas armadas. Además, en Argentina, habría incumplido un setenta por ciento de sus obligaciones en un contrato para el monitoreo del espacio aéreo.
Por otro lado, agregan que en octubre de 2022, a través de una Carta Notarial, Thales indicó que a partir del de noviembre del 2022, se dejaría de “atender requerimientos técnicos administrativos [...] siendo responsabilidad de la entidad [Migraciones] tanto el mantenimiento del sistema como de la renovación de los certificados PKI”.
Una semana después, Migraciones solicitó la renovación del certificado Terminal para octubre. Pero, Thales habría mostrado su indisposición. “Al no contar con los códigos de verificación, los pasaportes emitidos durante esta época registraron el estatus de ‘en producción’, dado que no se pudo concretar todo el proceso de validación”, indica la informe de El Comercio.
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