Fiscal Patricia Benavides debió retirarse ante intempestiva protesta por su llegada a Juliaca

La titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, inauguró este viernes la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad en Juliaca (Puno), donde el pasado 9 de enero murieron 17 manifestantes, un policía fue quemado vivo y 180 personas resultaron heridas por represión cerca del aeropuerto.

Benavides fue la primera autoridad en arribar a esta región, epicentro de las protestas y bloqueos, pero su estadía no superó los 20 minutos dentro de la sede fiscal, pues la Policía Nacional advirtió de una intempestiva protesta.

Wilmer Quiroz, abogado de las víctimas, denunció días atrás que el caso estuvo inicialmente en manos de policías y fiscales especializados en crimen organizado, que lo acabaron derivando a una fiscalía común de Juliaca.

“En Puno ha sucedido una masacre, han asesinado a civiles con armas de fuego. Puno precisa justicia pronta, son cerca de dos meses y aun las diligencias [fiscales] no se han realizado”, dijo.

Los familiares demandan además que se inicien investigaciones contra los jefes del operativo. La apertura en Puno de una fiscalía especializada en derechos humanos también fue una de sus solicitudes.

Secuelas

Julia Paccsi, una de las víctimas de aquel lunes sangriento, lavaba ropa en su casa cerca del aeropuerto, cuando el vuelo de helicópteros cimbró la vivienda y el gas lacrimógeno invadió su patio. Paccsi sacó a la calle un balde con agua para ayudar a personas afectadas por el gas. Cuando la situación pareció calmarse, salió a recoger el envase, pero sintió un impacto en el cuello.

“Un dolor sentí y me agarré (el cuello) y la gente que estaba ahí me decía: ¡señora, sangre!”, relató. Como otros heridos en la protesta, ella no acudió a ningún hospital público por temor a que la policía la detuviera. Cuando finalmente lo hizo, le dijeron que en Juliaca no había especialistas, por lo que debió viajar a Lima, donde continúa su tratamiento.

La crisis desató una ola de protestas, sobre todo en el sur andino, exigiendo la renuncia de la mandataria y la convocatoria a elecciones generales y a una Asamblea Constituyente.