
Un grupo de presuntos mineros ilegales huyó hacia la zona boscosa y abandonó toda su maquinaria al notar la presencia de guardaparques y policías en la comunidad de San Benito, distrito de Donoso, provincia de Colón.
El operativo dejó como saldo el decomiso de bombas de succión, combustible, mangueras y otras herramientas destinadas a la extracción de oro.
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El hallazgo se produjo durante un recorrido de vigilancia en el Área de Recursos Manejados Donoso y Omar Torrijos Herrera, uno de los espacios protegidos que supervisa el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).
La presencia de unidades de la Policía Nacional resultó clave para que los responsables de la actividad no pudieran continuar con las tareas de explotación.
La institución explicó que la detección se dio como parte de los patrullajes permanentes que el personal de guardaparques realiza dentro del área protegida.

Esas recorridas buscan prevenir y combatir delitos ambientales en los espacios naturales del país.
Al advertir la llegada de las autoridades, los infractores optaron por huir en lugar de enfrentar un control. Dejaron en el lugar todo el equipo utilizado para la minería, que quedó bajo custodia como parte de las investigaciones en curso.
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MiAmbiente informó que presentará la denuncia penal correspondiente ante el Ministerio Público.
En paralelo, la Dirección Regional de Colón abrirá el proceso administrativo para determinar responsabilidades y aplicar las sanciones previstas en la legislación ambiental.
La minería ilegal figura entre las principales amenazas para los ecosistemas y las fuentes hídricas del país. La actividad altera el cauce de los ríos, provoca erosión, degrada los hábitats naturales y genera daños graves sobre la biodiversidad.

El Código Penal panameño, en su artículo 399, establece sanciones de tres a seis años de prisión para quienes extraigan minerales sin autorización y causen daños al equilibrio ecológico o a las fuentes de agua. La norma apunta directamente a quienes infringen las disposiciones de protección ambiental vigentes.
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A esa sanción penal se suma la Ley 41 de 1998, General de Ambiente, que prohíbe las intervenciones no autorizadas en cauces de ríos y en áreas protegidas. Ambas normas sustentan el proceso que ahora enfrentarán los presuntos responsables del hallazgo en Donoso.
El Área de Recursos Manejados Donoso y Omar Torrijos Herrera continúa bajo vigilancia constante por parte de los guardaparques. Las autoridades remarcaron que este tipo de operativos busca frenar el avance de la minería ilegal sobre los ecosistemas protegidos de Colón.
A principios de noviembre, durante los recorridos de vigilancia y control realizados en el Parque Nacional Sierra Llorona, autoridades ambientales sorprendieron a dos personas en flagrancia, presuntamente vinculadas a actividades de minería ilegal, quienes fueron puestas a órdenes de las autoridades competentes para los trámites correspondientes.
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En el sitio se hallaron coladores y bateas artesanales utilizados para separar minerales del sedimento extraído del cauce, además de evidencias de dragado en el lecho y los márgenes del río.

También se detectó el posible uso de sustancias químicas en el proceso de extracción, lo que representa un riesgo de contaminación para las fuentes de agua del área protegida. Como parte de las acciones, fueron desmantelados pequeños campamentos instalados de manera irregular.
Las autoridades advirtieron que la minería ilegal representa una amenaza directa para la integridad ecológica del parque, ya que la remoción de sedimentos incrementa la turbidez del agua, altera la estructura natural de los cauces y sus márgenes, degrada los hábitats acuáticos y compromete las fuentes hídricas de las que dependen tanto la fauna silvestre como las comunidades cercanas.
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En paralelo al operativo, los guardaparques desarrollaron una jornada educativa con jóvenes de la comunidad de Aguas Claras, orientada a sensibilizar sobre los impactos ambientales de la minería ilegal y la importancia de proteger los recursos naturales desde el ámbito local.
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