Un día después de la publicación en la Gaceta Oficial de la resolución que contempla solicitar una dispensa fiscal para atender la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,5, el Gobierno de Panamá aclaró, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que no recurrirá a ese mecanismo y mantendrá la meta de déficit fiscal del 3,5% del producto interno bruto (PIB) establecida para 2026.
La aclaración se produjo este domingo 11 de octubre, luego de que la Resolución de Gabinete N.º 108, del 10 de octubre, facultara al MEF para solicitar a la Asamblea Nacional una suspensión temporal de los límites fiscales.
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Aunque la disposición abrió la posibilidad de flexibilizar las restricciones presupuestarias ante la emergencia, el ministerio sostuvo que esa autorización no constituye una obligación y que los gastos derivados del terremoto pueden atenderse sin modificar el techo vigente.
Una dispensa fiscal es un mecanismo excepcional que permite al Gobierno flexibilizar temporalmente los límites de déficit establecidos por ley, generalmente ante desastres naturales u otras situaciones extraordinarias.
El déficit se produce cuando los gastos del Estado superan sus ingresos durante un período determinado. Para 2026, Panamá tiene establecido un límite equivalente al 3,5% del PIB, conforme a la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.
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La solicitud contemplada en la resolución habría permitido ampliar temporalmente el margen de gasto público para financiar las necesidades derivadas del terremoto, siempre que recibiera la aprobación de la Asamblea Nacional.
Sin embargo, el MEF aseguró que la meta fiscal de este año permanece intacta, por lo que no considera necesario activar esa excepción, a pesar de que todavía no existe una estimación definitiva de las pérdidas ocasionadas por el movimiento sísmico.
El Consejo de Gabinete también autorizó hasta $100 millones en contrataciones especiales para atender los daños provocados por el terremoto, principalmente en infraestructura y servicios esenciales.
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No obstante, el ministerio aclaró que esa cantidad representa un límite máximo y no un gasto automático. Los recursos se utilizarán únicamente para necesidades comprobadas, a medida que las instituciones concluyan las evaluaciones de viviendas, carreteras, hospitales, escuelas y otras instalaciones afectadas.
En cuanto al financiamiento, el Gobierno priorizará las coberturas de seguros, las donaciones y los recursos no reembolsables, antes de considerar la contratación de nuevos préstamos.
El MEF precisó que solamente acudirá al endeudamiento si resulta indispensable, dando preferencia a condiciones concesionales propias de situaciones de crisis. Los fondos serán administrados mediante un fideicomiso en el Banco Nacional de Panamá, con refrendo de la Contraloría y mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas.
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Entre los primeros respaldos internacionales anunciados figura CAF, que ofreció una donación de $250.000 y una línea de financiamiento por $50 millones para contribuir a la respuesta y recuperación.
Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) puso a disposición hasta $300 millones en financiamiento contingente, además de $500.000 en cooperación no reembolsable destinada a asistencia técnica y evaluación de los daños.
En conjunto, CAF y el BID han anunciado hasta $350 millones en opciones de financiamiento y $750.000 en recursos no reembolsables. Sin embargo, las líneas de crédito no representan desembolsos ejecutados ni obligaciones de deuda ya contratadas.
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El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, también mencionó el respaldo del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Centroamericano de Integración Económica, sin precisar nuevos montos de financiamiento de esas instituciones.
El terremoto del 9 de octubre, con epicentro en la zona de Tonosí, en la provincia de Los Santos, dejó daños en viviendas, centros educativos, carreteras, puentes y otras infraestructuras, principalmente en las provincias centrales de Panamá.
Mientras continúan las inspecciones y la distribución de ayuda humanitaria, el Gobierno sostiene que la atención a las comunidades damnificadas será prioritaria, aunque todavía está pendiente determinar el costo total de la recuperación y reconstrucción.
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