Panamá permaneció en el Nivel 2 en la evaluación anual de trata de personas del Departamento de Estado de Estados Unidos, que reconoció un aumento de las investigaciones, los procesos judiciales y las condenas durante 2025, aunque advirtió fallas persistentes en la identificación y protección de víctimas.
El informe sostiene que el Gobierno panameño no cumple por completo con los estándares mínimos para erradicar este delito, aunque realiza esfuerzos que el informe considera significativos. La mejora en la respuesta penal permitió que el país conservara su clasificación, tras una condena por trata sexual que puso fin a dos años sin sentencias bajo la legislación específica.
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La evaluación también señala que las autoridades comenzaron a adecuar sus protocolos de detección y asistencia a las modificaciones aprobadas en diciembre de 2024. Esos cambios eliminaron el requisito de que hubiera traslado de una persona para configurar el delito de trata, lo que amplió el alcance de la norma frente a hechos de explotación dentro del país.
Investigaciones por trata: de 22 a 27 casos en 2025
Las autoridades panameñas investigaron 27 casos de trata en 2025, frente a los 22 registrados el año anterior. Dos expedientes estuvieron vinculados con trata sexual y otros 25 fueron clasificados como formas no especificadas de explotación. Además, se iniciaron procesos contra tres sospechosos y continuaron causas ya abiertas contra al menos 10 imputados.
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El Poder Judicial condenó a un responsable de trata sexual a 12 años de prisión. En 2024 no se habían dictado condenas por este delito. El artículo 456 del Código Penal contempla penas de 15 a 20 años de prisión cuando la víctima es adulta y de 20 a 30 años si se trata de una menor de edad.
Pese a ese avance, el informe observa que algunos acusados de trata sexual fueron imputados por delitos distintos, con sanciones inferiores. También precisa que, aunque la reforma de 2024 habilitó la persecución de casos sin desplazamiento de las víctimas, Panamá no informó investigaciones por trata interna.
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Durante el mismo período, las instituciones investigaron 262 casos bajo las normas de explotación sexual infantil. Cuatro fueron clasificados como trata sexual de menores. Hubo 25 acusaciones y 12 condenas por delitos de explotación sexual infantil, aunque el documento indica que no quedó establecido cuántos de esos expedientes encuadraban en la definición internacional de trata de personas.
El Gobierno tampoco informó investigaciones o condenas contra funcionarios públicos que hubieran podido colaborar con redes de explotación. Las autoridades participaron, según publicaciones de prensa citadas por el informe, en una operación coordinada por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) contra prófugos de alta prioridad, entre ellos presuntos traficantes.
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Cuatro víctimas identificadas y confirmadas en 2025
La comisión contra la trata identificó y confirmó a cuatro víctimas durante 2025, mientras que otras 12 personas detectadas inicialmente en 2024 obtuvieron luego esa condición. Todas las víctimas confirmadas eran extranjeras.
Entre ellas había siete mujeres explotadas sexualmente; tres hombres y tres mujeres sometidos a trabajo forzoso; y tres mujeres afectadas por formas de trata no especificadas. Procedían de Venezuela, Colombia, China, Brasil, Costa Rica y República Dominicana.
El modelo estatal prevé una identificación inicial por parte de agentes de primera línea y una posterior evaluación técnica de la comisión. Ese organismo puede otorgar primero un estatus preliminar y luego confirmar a la víctima. El informe advierte que el proceso puede demorar meses y que, en ciertos casos, las personas afectadas esperan aún más tiempo para recibir una definición oficial.
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Las autoridades no identificaron a ninguna víctima panameña ni reconocieron formalmente como víctimas de trata a menores cuyos casos se investigaron por explotación sexual. La falta de presencia estatal en las comarcas indígenas también dificultó la detección de hechos en zonas remotas, donde las restricciones de acceso a la justicia y a servicios básicos aumentan la vulnerabilidad de la población.
Sin albergues especializados para víctimas de trata
El Gobierno ofreció servicios a todas las víctimas identificadas en 2025, aunque la mayoría los rechazó. Cinco mujeres explotadas sexualmente recibieron asistencia no especificada. El año anterior, 15 víctimas habían accedido a atención inmediata.
Los recursos disponibles incluyeron atención médica básica, apoyo psicológico y asesoramiento legal. Algunas personas fueron derivadas a refugios administrados principalmente por organizaciones de la sociedad civil, mientras que otras recibieron alojamiento en hoteles. También hubo repatriaciones con financiamiento de esas organizaciones.
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No obstante, Panamá no cuenta con refugios exclusivos para víctimas de trata y la capacidad general de alojamiento es limitada. Las víctimas de explotación laboral, los hombres y quienes viven o fueron explotados en áreas rurales enfrentaron mayores obstáculos para acceder a protección estatal.
La ley reformada en 2024 dispone que determinadas organizaciones civiles puedan obtener certificación para prestar servicios directos de corto plazo. El informe señala que el Gobierno panameño no detalló medidas para ampliar esas alianzas. El fondo especial para víctimas tenía un saldo de USD 10,000 en 2025.
Las víctimas extranjeras pueden obtener una visa humanitaria temporal desde la identificación preliminar. Tras la confirmación formal, pueden solicitar residencia temporal, prorrogable hasta seis años, y permiso de trabajo. Durante 2025, tres víctimas obtuvieron residencia y dos recibieron permisos laborales.
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Un tribunal ordenó al condenado por trata sexual indemnizar a dos víctimas, aunque ninguna recibió el dinero durante el año. El documento también cuestiona que la identificación formal dependa de fiscales especializados dentro de causas penales, una situación que puede obligar en los hechos a las víctimas a participar de procesos judiciales para acceder a determinados servicios.
Migrantes, niños y comunidades indígenas, entre los grupos expuestos
El informe describe un escenario en el que traficantes explotan a nacionales y extranjeros en territorio panameño, además de captar a panameños para su explotación en otros países. Las mujeres extranjeras, en especial las procedentes de América del Sur y América Central, aparecen entre las principales víctimas de trata sexual identificadas.
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Los niños enfrentan riesgos de trabajo forzoso en tareas domésticas y agrícolas, explotación sexual y actividades delictivas, incluido el narcotráfico. Las mujeres indígenas de regiones rurales cercanas a la frontera también son vulnerables al trabajo forzoso y la explotación sexual.
Los migrantes venezolanos y nicaragüenses que cruzan el país rumbo a Estados Unidos o de regreso a América del Sur integran otro grupo expuesto. Hombres panameños y extranjeros han sido sometidos a trabajo forzoso en construcción, agricultura, minería, restaurantes y venta ambulante mediante deudas, engaños, restricciones de movimiento y otras formas de coerción.
La evaluación menciona además denuncias sobre ofertas fraudulentas dirigidas a mujeres panameñas de entre 18 y 22 años para programas de formación profesional vinculados a centros de producción de drones militares en Rusia. De acuerdo con publicaciones periodísticas citadas, los trabajadores de esos centros afrontaron vigilancia, condiciones riesgosas, cambios contractuales, incumplimientos salariales y cobros por reclutamiento.
Plan Nacional vigente sin informe de ejecución
El Gobierno mantuvo una comisión interinstitucional y el Plan de Acción Nacional 2022-2027. También desarrolló campañas de sensibilización junto con organismos internacionales y ONG.
No financió una línea telefónica específica para denuncias de trata, aunque operó la línea general de la Policía Nacional y aportó fondos a un portal administrado por una organización civil que recibe reportes anónimos sobre delitos. El informe afirma que las autoridades no realizaron acciones para reducir la demanda de servicios sexuales comerciales.
La norma actualizada obliga a la comisión nacional a presentar un informe anual sobre el avance del plan, una obligación que no se cumplió. El Gobierno reguló las agencias de empleo, aunque no informó sanciones contra empresas por reclutamiento fraudulento. Además, los permisos laborales para extranjeros continúan ligados a un empleador determinado, una condición que puede dificultar la salida de relaciones abusivas.
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