Panamá es el tercer país en la región que cuenta con una ley del sistema de cuidados

Panamá prepara una hoja de ruta para ordenar las acciones de cuidado destinadas a la infancia, las personas mayores y las personas con discapacidad.

La planificación también contempla a quienes realizan estas tareas de forma remunerada o no remunerada, bajo un enfoque de derechos y corresponsabilidad social.

La nación canalera se convirtió así en el tercer país de América Latina, junto con Uruguay y Chile, que cuenta con una ley sobre sistemas de cuidados.

Los tres países reconocen esta actividad como un componente de la protección social, aunque poseen esquemas institucionales y alcances distintos.

Los sistemas de cuidados de estos países se sostienen sobre leyes marco que reconocen explícitamente el cuidado como un derecho y como un eje estructurante de la protección social, pero lo hacen con diseños institucionales, alcances poblacionales y horizontes de planificación diferenciados.

El antecedente regional más temprano fue el Sistema Nacional Integrado de Cuidados de Uruguay, concebido como un modelo solidario y corresponsable entre familias, Estado, comunidad y mercado.

Su atención se concentró en las personas en situación de dependencia y en la reducción de las desigualdades de género.

Chile y Panamá también avanzaron con leyes marco que incorporan el derecho al cuidado dentro de sus políticas sociales. Las diferencias entre los países se relacionan con las instituciones creadas, los grupos alcanzados por las medidas y los plazos definidos para su ejecución.

Panamá, mediante la Ley 431 de 2024, institucionalizó el Sistema Nacional de Cuidados como una ley marco que garantiza el derecho al cuidado, el bienestar y la autonomía de las personas, reconoce los derechos de quienes cuidan y organiza una Comisión y una Dirección Nacional de Cuidados con planes quinquenales y redes territoriales articuladas con gobiernos locales.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe sostiene que los países deben adoptar marcos normativos que garanticen el derecho al cuidado con perspectivas de género, interseccionalidad e interculturalidad.

El organismo plantea que estas políticas deben abordar el tiempo disponible para cuidar, los recursos de los hogares, las prestaciones y la existencia de servicios públicos universales y de calidad.

Bajo esta visión, el cuidado excede la atención directa de personas dependientes. Incluye actividades que sostienen la reproducción cotidiana y generacional de la vida, con dimensiones materiales, afectivas y relacionales.

Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) avanzan en la definición de los elementos conceptuales y metodológicos que servirán de base para la formulación del Plan Quinquenal de Cuidados 2026–2031.

En la reunión se presentaron los avances iniciales, se revisaron los principales insumos generados en la primera matriz de trabajo y se analizó la propuesta de estructura para organizar la planificación.

El consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, Julio Bango, explicó que el plan reunirá medidas dirigidas al cuidado de la infancia, las personas mayores y las personas con discapacidad.

El especialista indicó que la estrategia también buscará mejorar las condiciones de las trabajadoras de cuidados formales.

En ese grupo están quienes reciben una remuneración por desempeñarse en centros residenciales o en el cuidado domiciliario de pacientes.

Bango sostuvo que la versión definitiva se elaborará después de recibir los aportes de las entidades que integran la Comisión Nacional de Cuidados y el Comité Consultivo. El Ministerio de Desarrollo Social tendrá la responsabilidad de coordinar su aplicación en los próximos años.

La directora de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, Gladys Vallester, destacó que el período de planificación permitirá organizar las acciones para quienes necesitan apoyo y para las personas que realizan labores de cuidado. La consideración abarca tanto el trabajo remunerado como las tareas que se desarrollan sin pago.