Aprehenden a Enrique Lau, exdirector de la Caja de Seguro Social, por presunto enriquecimiento injustificado

La Fiscalía Anticorrupción aprehendió al exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, como parte de la Operación Muralla, una investigación por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales. Las autoridades estiman preliminarmente una posible lesión patrimonial de alrededor de $500.000.

La diligencia se realizó en Santa María, una exclusiva zona residencial de la ciudad de Panamá, donde los investigadores ubicaron documentos y bienes considerados indicios dentro del proceso. Paralelamente, la Fiscalía Anticorrupción y unidades de la Policía Nacional efectuaron allanamientos en Paitilla, Dos Mares, Chanis y Playa Blanca.

Lau Cortés estuvo al frente de la CSS durante la administración del expresidente Laurentino Cortizo. Asumió la Dirección General de la institución en octubre de 2019 y permaneció en el puesto hasta 2024. Su gestión estuvo marcada por la pandemia de covid-19, la crisis financiera del sistema de pensiones y cuestionamientos administrativos.

La investigación que desembocó en la Operación Muralla no constituye, sin embargo, el primer procedimiento relacionado con el patrimonio o la gestión del exdirector. En junio de 2023, cuando todavía dirigía la CSS, fue presentada ante la Contraloría General una denuncia por supuesto enriquecimiento injustificado contra Lau Cortés.

Aquella denuncia fue interpuesta por el abogado Yasir Del Cid, quien cuestionó el manejo de determinadas licitaciones realizadas por la institución durante esa administración. Entre los procesos señalados figuraba un contrato por unos $168 millones para almacenamiento y distribución de medicamentos, además de contrataciones relacionadas con medicamentos y suministro de oxígeno.

Después de concluir su administración, los controles sobre el manejo de los recursos de la CSS se ampliaron. En febrero de 2025, la Contraloría inició una auditoría forense sobre el período 2019-2024, que incluyó áreas como distribución de medicamentos, planillas y pensiones, con el propósito de identificar posibles irregularidades en el uso de fondos públicos.

Otro expediente se abrió por el movimiento de aproximadamente $400 millones desde la CSS hacia el Gobierno Central. La nueva administración de la institución presentó una denuncia por los traslados realizados entre 2023 y 2024, cuando Lau encabezaba la entidad. La Fiscalía Anticorrupción efectuó posteriormente inspecciones y otras diligencias dentro de esa investigación.

Según la información divulgada entonces, $300 millones fueron trasladados en 2023 y otros $100 millones en 2024. Las autoridades de la CSS cuestionaron el fundamento legal utilizado para esas operaciones, mientras el Ministerio Público abrió una investigación para determinar posibles responsabilidades. Posteriormente, el Gobierno informó que los $400 millones fueron restituidos a la institución.

En mayo de 2026 también se conoció que una resolución de la Contraloría había ordenado el secuestro de bienes vinculados a Lau Cortés hasta por $2.9 millones. La medida alcanzó propiedades, cuentas bancarias, fondos, vehículos y otros activos, como consecuencia de hallazgos derivados de una auditoría sobre su administración en la CSS.

Esa actuación estuvo relacionada con presuntas pérdidas por medicamentos e insumos vencidos y compras excesivas durante el período auditado. La medida patrimonial tenía carácter precautorio y no equivalía a una condena penal, pero agregó otro frente a las investigaciones y procedimientos que han examinado decisiones adoptadas durante la administración de Lau Cortés.

La Operación Muralla introduce ahora un nuevo componente penal al escenario que rodea al exfuncionario. La Procuraduría identificó específicamente los presuntos delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, además de cuantificar en unos $500.000 la posible afectación investigada. Hasta ahora, no ha detallado públicamente cómo se habría producido ese perjuicio.

Tras su aprehensión, Lau Cortés deberá ser puesto a disposición de un juez de garantías para las audiencias correspondientes dentro del Sistema Penal Acusatorio. En esa etapa, la Fiscalía deberá sustentar los elementos recabados y formular sus solicitudes, mientras la defensa podrá ejercer los recursos establecidos por la legislación panameña.

Lau Cortés se suma a otros altos exfuncionarios de la administración de Laurentino Cortizo que enfrentan procesos penales por presuntos delitos contra la administración pública.

Entre ellos figuran el exvicepresidente José Gabriel Carrizo, investigado por enriquecimiento injustificado; los exdirectores Bernardo Meneses, del Ifarhu, y Luis Oliva, de la AIG, vinculados a expedientes que incluyen enriquecimiento injustificado y peculado; así como Publio De Gracia, exdirector de Ingresos, y Noriel Araúz, exadministrador de la Autoridad Marítima, investigados por presuntos incrementos patrimoniales sin justificar durante sus respectivas gestiones.