Comerciantes panameños se instruyen sobre la Ley del Precio Único, prorrogada por el gobierno hasta julio del año entrante

La correcta implementación de la Ley 531 de 18 de junio de 2026, que prorrogó la entrada en vigencia de la Ley 473 de 19 de junio de 2025, conocida como Ley de Precio Único, viene siendo informada a los comerciantes, con el propósito de que estén orientados sobre sus alcances.

Las jornadas forman parte del proceso de orientación que impulsa las autoridades de protección al consumidor para que los agentes económicos conozcan con suficiente anticipación las nuevas disposiciones legales y realicen las adecuaciones necesarias en sus prácticas comerciales antes de que la normativa entre en vigor el 1 de julio de 2027.

Todo producto o servicio, desde alimentos hasta autos, deberá mostrar el precio final, con impuestos, descuentos o cargos incluidos.

Para los consumidores, el precio que observará es el precio que deba pagar. No más sorpresas en la caja, no más “más 7%”, ni cargos adicionales cuando ya se esté por pagar.

El Gobierno prorrogó de la ley, en medio de un entorno de alta sensibilidad pública por el costo de la canasta básica y el acceso a bienes esenciales. La decisión, que extiende un esquema de intervención estatal en la economía, se produce tras años de debate sobre la eficacia y las consecuencias de este tipo de regulaciones en los mercados locales.

La Ley de Precio Único obliga a comercios y proveedores a exhibir y aplicar un precio final, que incluya todos los impuestos y cargos adicionales, brindando claridad y transparencia al consumidor.

El director de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), Ramón Abadí, indicó en su momento que, aunque la regulación de precios puede funcionar como mecanismo temporal en situaciones de emergencia, “no deben extenderse en el tiempo”. Abadí subrayó que la política de precios regulados representa “una distorsión del mercado” y recordó que la experiencia panameña revela los riesgos de mantener este tipo de medidas por periodos prolongados.

Sin embargo, la extensión de la Ley de Precio Único hasta julio de 2027 responde a la presión social por el encarecimiento de los alimentos y a la necesidad de un período de transición para adaptar los sistemas de exhibición de precios en los comercios.

La normativa exige que el precio mostrado corresponda al total a pagar, incluyendo impuestos y tasas nacionales, y establece un plazo de adecuación para que los agentes económicos ajusten sus sistemas y procesos.

El Gobierno, por su parte, descartó la posibilidad de regresar a un sistema de precios regulados generalizados.

“Los precios regulados son una distorsión del mercado”, apuntó Abadí. En lugar de mantener controles estrictos sobre los valores de los productos, la actual administración anunció que su estrategia estará enfocada en mejorar la eficiencia de la cadena entre productores, transportistas, distribuidores y comercios.

El programa Panamá Pa’ Ti, anunciado recientemente por el Gobierno, pretende reducir los costos logísticos y facilitar el acceso a bienes esenciales sin recurrir a controles de precios prolongados.

La Acodeco reiteró que la ley de precio único se limita a garantizar transparencia y evitar prácticas abusivas en la presentación de precios, pero no implica la fijación centralizada de valores para todos los bienes y servicios. La entidad enfatizó la importancia de que los consumidores puedan comparar de manera clara y sencilla el costo total de productos y servicios entre diferentes establecimientos.

El período de transición hasta el 1 de julio de 2027 ofrece a los comercios la oportunidad de adecuar sus sistemas, tanto en locales físicos como en plataformas digitales.

A pesar del debate, la prórroga de la Ley de Precio Único hasta 2027 otorga al país una última ventana para consolidar mecanismos de transparencia en precios y avanzar hacia una mayor eficiencia en la cadena de comercialización, sin comprometer la competencia ni la oferta de productos para la población.