El fiscal general del Estado de Paraguay, Emiliano Rolón Fernández, ordenó este martes la apertura de una causa penal para investigar las infiltraciones en sistemas informáticos del gobierno atribuidas a actores vinculados a China. La investigación quedó a cargo de la agente fiscal especializada en delitos informáticos Irma Llano, tras la denuncia formal presentada el 13 de julio por el ministro de Tecnologías, Gustavo Villate.
La apertura de la investigación penal representa el primer paso judicial en un caso que, días antes, había escalado al plano diplomático. El 10 de julio, el MITIC y la Embajada de Estados Unidos en Asunción emitieron una declaración conjunta en la que señalaron a múltiples actores vinculados al gobierno chino como responsables de haber infiltrado redes estatales paraguayas. Aquella comunicación identificó, entre otras amenazas, la presencia del grupo de ciberespionaje conocido como Flax Typhoon, ya detectado en una revisión anterior realizada en 2024, cuando se confirmó que había extraído información de la Cancillería paraguaya.
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Los hechos denunciados ante el Ministerio Público abarcan un espectro amplio de conductas: accesos no autorizados a servidores, interrupción de servicios públicos digitales, sustracción y difusión de datos sensibles, y actividades maliciosas originadas desde el extranjero. Según informó el propio MITIC en un comunicado, la denuncia se sustentó en evidencia técnica recolectada por equipos especializados y en publicaciones atribuidas a los responsables en la red social X. La cartera indicó además que la denuncia podría ampliarse si surgen nuevos indicios sobre hechos conexos.
Pedro Martínez, director general de Ciberseguridad y Protección de la Información del MITIC, explicó que las autoridades optaron por mantener en reserva los detalles técnicos de la investigación por razones de seguridad nacional. Según precisó, la divulgación de los métodos utilizados para identificar la amenaza podría comprometer tanto las capacidades de detección como las investigaciones en curso. La atribución de los ataques a actores vinculados a China, aclaró, se construyó a partir del análisis de múltiples indicadores: el modo de operación, los horarios de actividad, las herramientas de software y malware empleadas, y otros artefactos técnicos que, en conjunto, configuran patrones reconocibles. Ese nivel de análisis, sostuvo, es el mismo que utilizan otros gobiernos al formular atribuciones en materia de ciberespionaje.
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El gobierno chino rechazó los señalamientos. A través de un comunicado difundido el 11 de julio por el Consulado General de China en São Paulo, Beijing expresó su “profunda insatisfacción” ante la declaración conjunta paraguayo-estadounidense, calificó las acusaciones de infundadas y contrarias a los hechos. China no mantiene relaciones diplomáticas con Paraguay: Asunción reconoce a Taiwán desde 1957 y es, desde la ruptura de Honduras con Taipéi en 2023, el único país de América del Sur que sostiene vínculos oficiales con la isla.
Ese vínculo es, precisamente, el trasfondo político que el presidente Santiago Peña y analistas paraguayos han invocado para explicar la persistencia de los ataques. Paraguay es un objetivo recurrente de operaciones de ciberespionaje atribuidas a actores chinos desde que en 2024 se detectó la primera infiltración documentada. El MITIC señaló que las intrusiones no apuntan necesariamente a obtener un dato específico, sino a una recolección masiva de información para su eventual utilización.
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La investigación penal se enfrenta a los desafíos propios de los casos de ciberespionaje transfronterizo: la dificultad de obtener cooperación judicial internacional con actores estatales extranjeros, la opacidad técnica inherente a este tipo de operaciones y la necesidad de preservar información sensible sin comprometer la transparencia del proceso. La Unidad Especializada en Delitos Informáticos de la Fiscalía trabajará de manera conjunta con técnicos del MITIC y cooperará con agencias internacionales de ciberseguridad. El alcance real de esa cooperación y los plazos de la investigación dependerán, en buena medida, de la solidez de la evidencia técnica que las autoridades paraguayas logren consolidar fuera del ámbito reservado.
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