
Unas 28 personas fueron afectadas por la inhalación de un producto químico en la población de Salamanca, provincia de Colón, originada por la liberación del contenido de unos envases etiquetados con el nombre de fosfuro de aluminio.
Los primeros informes indican que los envases fueron encontrados a la intemperie cerca de unas viviendas del sector, por lo que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) informó que está a la espera de los estudios que confirmen que efectivamente contenían fosfuro de aluminio.
El Ministerio de Salud informó que la mayoría de los afectados completó su periodo de observación en el Hospital Manuel Amador Guerrero y fueron dados de alta.
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Este químico es un insecticida que se utiliza para eliminar insectos como gorgojos que sólo habitan en áreas sin humedad, como graneros y silos, y también es empleado para el control de plagas domésticas, aunque no es utilizado comúnmente para este tipo de actividad.
Dicho producto es de uso restringido en el país por su alta toxicidad y aparece registrado en el Departamento de Agroquímicos de la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal del Ministerio Desarrollo Agropecuario.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) califica este insecticida como altamente peligroso, toda vez que sus efectos por sobreexposición aguda son resultado de la inhalación o el contacto del producto con la piel u ojos.
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Emmeris Quintero, director de Sanidad Vegetal del MIDA, dijo que este químico se vende en casas comerciales especializadas y solo con receta expedida por un asesor técnico fitosanitario.
“No es un producto que pueda ser vendido sin cumplir dicho requisito”, afirmó.
El fosfuro de aluminio se despacha en envases, debido a lo sensitivo del producto, pues es un insecticida que se activa con el ambiente, despidiendo un gas con tiempo de acción de aproximadamente 2 horas.
“De comprobarse que se trató de sulfuro de aluminio estaríamos frente a un mal manejo de este tipo de desechos con todas las repercusiones que ello implique”, sostuvo Quintero, quien aprovecho para exhortar a la comunidad a no manipular envases de dudosa procedencia.
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El último estudio sobre agroquímicos peligrosos y de libre comercialización realizado en el país en 2020 daba cuenta de que en el país se comercializaban 64 plaguicidas altamente peligrosos, que contaban con sus respectivos registros sanitarios vigentes, pese a estar prohibidos en otras naciones.

El estudio, realizado por Raúl Carranza y Ana María Jiménez, biólogo entomólogo y bióloga-ornitóloga de la Universidad de Panamá, respectivamente, señala que los panameños consumen, no ingieren, unos 2,2 kilogramos per cápita de plaguicidas, cantidad superior a Centroamérica, donde la media es de 2 kilogramos.
De los registros por tipos de plaguicidas en Panamá, el referido análisis indica que de los agroquímicos que se comercializaban el 41.8% eran herbicidas, el 28.9% fungicidas, el 26.6% insecticidas, el 1.1% nematicidas, el 1.1% grupos variados por grupo que controla, rodenticidas, molusquicidas, bactericidas, virucida y por último un 0.2% de acaricidas.
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El fosfuro de aluminio aparece como uno de los insecticidas de venta en el país.
En enero de este 2026 la Comisión Técnica de Plaguicidas prohibió el uso de ocho plaguicidas altamente peligrosos en la agricultura de Panamá.
La prohibición alcanzó a herbicidas, fungicidas e insecticidas, que incluyen el Alaclor, Benomilo, Carbaril, Endosulfán, Formaldehído, Imazalil, Propaclor y Spirodiclofen.

La medida contempla la prohibición de registro, importación, fabricación, maquila, formulación, reenvasado, reempacado, venta y uso en la agricultura nacional.
Estos ocho plaguicidas se integran a una lista de 12 químicos que igualmente fueron prohibidos y que incluyen sustancias de extrema peligrosidad, como el Dicloropropeno, Aldicarb, Cadusafos, Coumafos, Diclorvos, Ethlon (H330), Etoprofos, Fenamifos, Metlocarb, Metomil, Tebufos y Triazofos de uso nematicidas, bactericidas e insecticidas.
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